Hacienda prepara un paquete de 300 medidas para frenar el fraude

La Agencia Tributaria ultima un plan de prevención del fraude fiscal que incluye una batería de 300 medidas operativas, organizativas y normativas que en su mayoría se aplicarán a partir del próximo año. El sector inmobiliario, las tramas organizadas del IVA e impuestos especiales, los paraísos fiscales, el blanqueo de capitales y un mayor control sobre las declaraciones a través del sistema de módulos son los ámbitos prioritarios de actuación, según informaron el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el director general de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche. Debate público En el borrador del plan, que se ha pasado para su debate público a instituciones y organismos de todo tipo -los propios contribuyentes pueden incluso plantear sugerencias a través de la página web de la Agencia Tributaria (www.aeat.es)-, se especifica que se trata de «una herramienta estratégica dirigida a los incumplidores, a los insolidarios, que con su comportamiento», además de perjudicar a las arcas públicas, «introducen un factor de competencia desleal en el sector económico en que se mueven». El documento denuncia que en la anterior etapa, diseñada por el Gobierno del PP, la Agencia «no dedicó suficiente atención al fraude en algunos sectores como el inmobiliario, o a fenómenos como el blanqueo de capitales o las tramas organizadas del IVA, que en ocasiones tienen carácter internacional». Otra crítica del equipo de Or-dóñez es que las actuaciones de control se orientaron hasta ahora a «la comprobación de un número mínimo de contribuyentes y al descubrimiento de un determinado importe de deuda, primando la realización de actuaciones sencillas y rápidas frente a los controles en profundidad, desincentivando las tareas de investigación más complejas y prolongadas en el tiempo». La Agencia Tributaria, que hará frente a la nueva estrategia con una reestructuración interna, prestará una especial atención al fraude en el sector inmobiliario, para el que se proponen más de 50 medidas, como consignar en la escritura pública el medio de pago utilizado.