Kioto, el gran reto
El coste de cumplir los requerimientos del protocolo de Kioto para reducir las emisiones contaminantes se traducirá en un aumento del precio de la electricidad en España, y en alzas de tarifa superiores al 2% a partir de 2008, aunque algunos factores de mercado y decisiones reguladoras del Gobierno podrían moderar ese incremento. A esta conclusión llega un trabajo publicado por el servicio de estudios de BBVA, que pronostica para el futuro una mayor inversión en ciclos combinados en detrimento del carbón y fuel. Las empresas con una mayor inversión en generación clásica saldrán perjudicadas con la nueva Directiva respecto a sus competidoras, apunta la autora del análisis, Tatiana Alonso. En el corto plazo, porque tendrán menos márgenes operativos. En el largo plazo, su potencial pérdida de cuota de mercado constituirá una «amenaza real» si el precio de los derechos de emisión sobrepasa los 15-20 euros por tonelada de CO2, advierte. El sector eléctrico es el responsable del 20% de los gases de efecto invernadero emitidos en España. Las empresas van a recibir unas asignaciones de derechos de emisión -el Consejo de Ministros del 14 de enero aprobará la lista definitiva por instalaciones-, y habrán de pagar cuantiosas multas si emiten por encima de esos derechos. Para las compañías eléctricas, internalizar el coste asociado a la contaminación se traducirá en un aumento del coste operativo de las centrales de generación mediante combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), lo que, según este estudio, «afectará al precio eléctrico y tendrá implicaciones directas sobre la operación de las plantas y los incentivos futuros a la inversión». El informe aclara que, durante 2005-2007, el incremento de precio de la electricidad en el mercado no implicará aumentos de tarifa superiores al 2% anual marcado por la actual metodología. Podrían aflorar tensiones a partir de 2008, añade, si los precios de los derechos por tonelada de CO2 superan a los 15 euros, en cuyo caso el precio eléctrico aumentaría más del 5%, presionando sobre la tarifa más allá del 2% ahora establecido para el periodo 2003-2010. La autora comenta que el Gobierno podría intervenir prohibiendo la recuperación del coste de oportunidad de los derechos. Pero una decisión de este tipo, apunta, podría distorsionar los incentivos de las empresas a reducir las emisiones contaminantes.