El Gobierno asigna las emisiones de Kioto después de las alegaciones

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en su reunión de hoy el reparto definitivo de los derechos de emisiones contaminantes para 927 instalaciones industriales y plantas de generación eléctrica de todo el país, una vez que ha concluido el periodo de alegaciones tras la asignación provisional que se llevó a cabo a finales del año pasado. Estos derechos de emisión se aplicarán hasta el año 2007, y pretenden dar cumplimiento al recorte de contaminación que se acordó en el protocolo de Kioto. El reparto inicial resultó especialmente negativo para las centrales térmicas que producen carbón nacional, a las que se obliga a reducir en un tercio sus emisiones actuales en un periodo de tres años. Alarma en el sector minero Esta asignación suscitó la alarma entre las empresas mineras, los sindicatos del sector, las administraciones de las cuencas y las propias eléctricas que apuestan por el carbón frente a otros combustibles importados, como el gas natural, que salen mejor parados en el reparto de emisiones. Ante la movilización de estos grupos, el Gobierno se comprometió a habilitar las medidas necesarias para garantizar que las empresas eléctricas seguirán consumiendo carbón nacional en los niveles actuales, y siempre garantizando el consumo de las producciones que marca el plan del carbón. Para ello, el Ministerio de Economía estudia primar a las eléctricas por el consumo de mineral autóctono, además de establecer incentivos para aquellas térmicas que realicen inversiones para dotarse de las tecnología limpia que les permita compatibilizar la combustión de carbón con una rebaja de sus emisiones de CO2. Además de los incentivos económicos, el Gobierno plantea primar a las centrales que adopten estas medidas con mejores asignaciones de derechos de emisión en el segundo plan de asignaciones que deberá establecerse para el periodo 2008-2012. Además, los compromisos del Gobierno establecen que España agotará si es necesario el 15% de su generación energética con combustibles autóctonos que la directiva europea permite que se reserve cada Estado miembro como garantía de autoabastecimiento. El compromiso de esta directiva comunitaria, que da respuesta en Europa al protocolo de Kioto, es que España no rebase en el año 2010 en más de un 15% sus emisiones contaminantes de 1990, pero lo cierto es que en la actualidad esos niveles ya se superan en aproximadamente un 40%. Para alcanzar los objetivos finales España se plantea, además de reducir las emisiones de sus industrias, comprar derechos de emisión de terceros países, una práctica que permite el protocolo de Kioto.