El Gobierno impulsará Internet de banda ancha sólo si hay demanda

El desarrollo del acceso a Internet de banda ancha estará en función de la demanda generada por los usuarios, según los planes del Gobierno anunciados la semana pasada en Santiago por el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros. La estrategia de la Administración se basa en estimular la necesidad de este servicio en los ciudadanos antes de acometer el desarrollo de las infraestructuras necesarias, ya que, según explicó Ros, «es absurdo emplear recursos para desplegar una red de banda ancha allí donde nadie la necesita y donde nadie la reclama». Una vez creada la demanda a través de programas de alfabetización informática y de promoción del uso de Internet, serían los propios interesados o los ayuntamientos los que deberían movilizarse para solicitar el servicio a las compañías operadoras. El secretario de Estado de Telecomunicaciones expuso este planteamiento en un encuentro mantenido con representantes del sector que mostraron su disconformidad con este modelo. Desde el sector, se entiende que el Estado debe estimular la demanda ofreciendo la infraestructura necesaria, sobre todo en comunidades que marchan con retraso en su incorporación a la sociedad de la información. Desde algunos sectores profesionales se teme que la propuesta del ministerio se extienda a otras cuestiones y que responda a una estrategia global de reducir la inversión pública en infraestructuras tecnológicas. Acceso a la Red En cuanto a los internautas activos (usuarios que acceden a la Red en sus hogares o bien en su trabajo), la tasa española se sitúa cerca del 34% a casi trece del promedio europeo. En cuanto a los accesos de banda ancha, sólo está disponible para el 8,1% de los gallegos, frente al 13,3% de media en España y en el resto de la Unión Europea. La propuesta del Ministerio de Industria esconde, en realidad, la voluntad de terminar con un modelo que no comparten de una estructura de telecomunicaciones subvencionada, ya que se parte de la idea de que los recursos públicos no se pueden emplear en recursos que vayan a ser infrautilizados. Del mismo modo, los responsables del ministerio entienden que la propuesta beneficia también a los propios operadores, que sólo se verán obligados a extender sus redes allí donde está garantizado que serán rentables. Sin embargo, los profesionales temen que se produzca un parón en la tendencia al alza de las conexiones a Internet de banda ancha, muy acusada en los últimos meses acusándose las desigualdades territoriales.