El Fiscal decide no acusar a Botín en el caso de las jubilaciones millonarias

El Ministerio Fiscal dijo ayer no apreciar delito en el caso de las jubilaciones millonarias del SCH, mientras que las dos acusaciones particulares hablaron del «blindaje ilícito» que el presidente del banco, Emilio Botín, acordó con el ex copresidente, José María Amusátegui, y el ex consejero delegado, Angel Corcóstegui. No hubo deslealtad En sus conclusiones finales dentro de la vista oral que se celebra en la Audiencia Nacional, las acusaciones particulares pidieron doce años de cárcel para Botín y seis años de prisión para Amusátegui y Corcóstegui, por los presuntos delitos de apropiación indebida o, alternativamente, administración desleal. El fiscal Fernando Burgos indicó que no hubo deslealtad en la administración por parte de los acusados pues se informó «con transparencia» de las indemnizaciones de 152 millones de euros (43,8 y 108,1 millones de euros a Amusátegui y Corcóstegui), se eliminó un «conflicto de intereses» gracias el acuerdo del Consejo de Administración de abril de 1999 y se hizo de forma «equitativa». Posición diferente mostraron las acusaciones particulares, para quien los contratos eran «abusivos e ilícitos», puesto que el banco no obtuvo «contraprestación alguna» por lo que pagó. La acusación señala a Botín «La caja del Banco Santander Central Hispano tiene 152 millones de euros menos a cambio de nada, el único beneficiado de todo esto es el señor Botin, además de los bolsillos de los señores Amusátegui y señor Corcóstegui», reiteró una de las dos acusaciones personadas encabezada por Rafael Pérez Escolar. Precisamente su abogado, el catedrático José Manuel Gómez-Benítez se basó en la sentencia del Tribunal Supremo sobre Argentia Trust, para afirmar que hubo un «perjuicio» al Banco Santander. Se trata, a su juicio, de «una apropiación indebida cabalmente, porque ha habido una distracción del dinero administrado, en beneficio de terceros (Amusátegui y Corcóstegui) y beneficio propio (Botín), con carácter definitivo». Sin embargo, el fiscal Fernando Burgos advirtió en varias ocasiones que, en su opinión, no hubo «abuso de poder» ni «disposición fraudulenta» y aconsejó al Tribunal que se evalúen «hechos», porque «aquí no se juzgando a las personas, sino sus actos concretos», añadió Fernado Burgos.