Hacienda podría obligar a la banca a desvelar clientes en paraísos fiscales

Hacienda estudia establecer la obligatoriedad de que la banca española identifique a los clientes de sus sucursales radicadas en los paraísos fiscales, según se indica en el Plan de Prevención del Fraude Fiscal. Se consideran paraísos fiscales los territorios que disfrutan de regímenes de tributación muy favorables y cuyas Administraciones no proporcionan información a otros Estados. Estos territorios, se indica en el Plan, irán disminuyendo progresivamente a medida que suscriban acuerdos de intercambio de información con otros países. No obstante, en su documento, Hacienda recuerda que la utilización de paraísos fiscales «en la planificación fiscal internacional abusiva, sigue siendo una práctica habitual en determinados defraudadores». Límite al uso abusivo Así, con el fin de limitar el uso abusivo de los paraísos fiscales, el Plan incluye diversas medidas como la posibilidad de establecer tipos impositivos agravados para las rentas obtenidas en los paraísos. Otra de las medidas incluidas en el Plan es la de aunar en un único órgano la coordinación de las actuaciones de prevención del fraude fiscal internacional e impulsar la suscripción de acuerdos de intercambio de información. Con el mismo objetivo, Hacienda también prevé mejorar la calidad de la información de otros órganos administrativos sobre entidades extranjeras titulares de inmuebles, inversiones y desinversiones en paraísos fiscales, cobros y pagos en tráfico de divisas e inscripciones, matrículas, protocolos de apoderamientos y otras transacciones. Además quiere impulsar el control sistemático de la aplicación de las normas «antiparaísos» fiscales para lo que llevará a cabo chequeos para someter a los inspeccionados que desarrollen actividades internacionales. Hacienda propone planes especiales de inspección, relativos a ganancias patrimoniales bursátiles obtenidas por entidades residentes en paraísos fiscales o la aplicación del régimen de transparencia fiscal internacional. También establece presunciones de residencia fiscal en España cuando concurran activos dominantes y analiza la viabilidad de inclusión de las rentas tecnológicas en el régimen de transparencia fiscal internacional.