Una clara demostracióndel poder catalán en Madrid
La dimisión de Carlos Bustelo, cuya posición al frente de la CMT era ya insostenible, contiene varias claves políticas. Primero pone de manifiesto el importante peso que Maragall ha adquirido en el Gobierno central, como demuestra que haya impuesto su tesis de trasladar a Barcelona la sede de este importante organismo contra la opinión de su presidente y de toda su plantilla. Una guerra abierta Bustelo había planteado una guerra abierta a su hombre en Madrid, el ministro Montilla, y era un pulso que necesariamente tenía que perder. Su continuidad era imposible. Pero el pulso es también un nuevo episodio de la competencia que existe entre Madrid y Barcelona, sobre todo después de que la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, haya entrado en la pelea anunciando que llevará el traslado a los tribunales. La gran novedad es que ahora es Cataluña quien está en mejor disposición de obtener favores del Gobierno, dada la afinidad ideológica. Aguirre aprovecha cualquier ocasión para presentarse como víctima de un supuesto «castigo» de Zapatero. Por último, demuestra la difícil convivencia de cargos de la época de Aznar con el nuevo Ejecutivo socialista. A Bustelo le faltaban aún cuatro años de mandato, pero nadie en sus cabales podía pensar que los cumpliría. De hecho, tras sólo un año en el poder, el PSOE se ha desembarazado ya de dos presidentes de los tres principales reguladores de mercados, primero Blas Calzada (CNMV) y ahora Bustelo. «Deportación» Éste había tensado demasiado la cuerda. Había calificado el traslado de «deportación» y se había resistido al mismo anunciando que el grueso de la CMT permanecería en Madrid para facilitar su funcionamiento. Esto acabó con la paciencia de Montilla, que habló de «desafío» y «desacato» y se planteó abiertamente la destitución de Bustelo. Su suerte estaba echada. El último capítulo del enfrentamiento lo protagonizó Carlos Bustelo hace una semana en el Senado. En esta ocasión acusó al Gobierno socialista de estar «enredar» en telefonía. Era pues una guerra abierta, declarada, que el todopoderoso Montilla tenía necesariamente que ganar. Como dijo la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega al justificar la decisión, «España no empieza ni termina en Madrid» y por ello «es bueno que los centros de decisión también estén en otras ciudades». Un argumento en principio inobjetable, acorde con un Estado descentralizado. La duda surge porque otra vez quien sale beneficiada es Cataluña, bastión clave de Rodríguez Zapatero, mientras la perjudicada es Madrid, reducto del Partido Popular. Cuando veamos qué organismos de importancia van a otros lugares será el momento de calibrar las buenas intenciones del Gobierno.