El Gobierno exigirá superávit en las cuentas si el crecimiento supera el 2%

El Gobierno exigirá superávit a las Administraciones Públicas si la economía crece por encima del 2%, mientras que permitirá un «ligero déficit», cercano al 1% del producto interior bruto (PIB) si ese dinero se destina a realizar inversiones que mejoren la productividad. Estas medidas se incluirán en la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria que, según explicó este miércoles en el Congreso de los Diputados el vicepresidente económico, Pedro Solbes, no supondrán «en absoluto»· una «relajación» de la disciplina en esa materia. Como en anteriores comparecencias, el ministro de Economía y Hacienda insistió en que el objetivo del Ejecutivo es reforzar el uso de los Presupuestos «como herramienta anticíclica». Para lograr la «estabilidad» deseada a lo largo de ese período (cuya duración no ha sido concretada), se instaría al Estado y a las autonomías a obtener un saldo positivo «en épocas de expansión», pero se les permitiría registrar un cierto límite de 'números rojos' en «etapas de recesión». La duda radica en qué niveles marcarían un camino u otro. Los socios parlamentarios del Gobierno piden que el déficit permitido se referencie al PIB regional y no al del país, y supere el 1% que maneja el Gobierno, cifra que el PP cree «desmedida» (8.000 millones de euros), pues subiría los impuestos y aumentaría la deuda pública. ERC habla de un 1,5% de la renta autonómica, mientras Izquierda Verde pone el límite del 3% del PIB nacional autorizado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, reformado hace pocas fechas por la Unión Europea. La negociación, en cualquier caso, sigue abierta, si bien se espera que el Gobierno tenga listo su proyecto de ley antes del verano. Ya es seguro que no se podrá recurrir al superávit de la Seguridad Social para compensar las cuentas públicas, y posible que se «abra la mano» con los ayuntamientos, dada la dificultad para controlarles, y que sólo se les fijen unas condiciones generales. También se estudia primar los cumplimientos de los objetivos presupuestarios, en vez de sancionar a las Administraciones públicas que no los alcancen, como ocurre ahora.