La UE da vía libre a la creación de un peaje para los transportistas

Todos los camiones de más de 3,5 toneladas son susceptibles de pagar un peaje especial cuando circulen por las carreteras europeas, impuesto que puede llegar hasta los 1.648 euros por vehículo, país y año. Los ministros de Transporte de los Veinticinco alcanzaron ayer un compromiso para desarrollar la llamada euroviñeta y poner fin a la agria disputa mantenida entre los países periféricos, contrarios a estas tasas, y los centrales, como Alemania, que las impusieron unilateralmente. España se sumó al acuerdo, pese a que su economía saldrá claramente perjudicada. El pacto alcanzado ayer en Luxemburgo no obliga a los estados miembros a crear nuevos peajes, aunque sí reconoce su derecho a recurrir a estas fórmulas recaudadoras si lo estiman oportuno. Con respecto a la situación actual, lo único que aporta la nueva directiva sobre aplicación de gravámenes al tráfico pesado es un poco de orden, con el fin de armonizar las tarifas y la cuantificación de los costes de las infraestructuras y evitar así que cada país haga lo que le venga en gana. De este modo, un país como Francia, por cuyas carreteras discurren más del 50% de las exportaciones españolas, gozará de total libertad para decidir si quieren implantar peajes en toda la red transeuropea o en vías de carácter más secundario. De igual modo, se deja abierta la posibilidad de extender el sistema de tasas a otros vehículos de motor, tal y como reclamó el Reino Unido. Para países como Alemania o Austria, que han implantado recientemente nuevos sistemas de tarifas por el uso de sus carreteras, la situación apenas cambiará. Usuarios frecuentes El Gobierno español, al igual que hizo el italiano, optó por romper ayer la situación de bloqueo que pesaba sobre esta directiva a cambio de que se ofrecieran descuentos del 13% para los usuarios frecuentes. El secretario de Estado de Transportes, Fernando Palao, admitió que España tuvo que realizar «concesiones importantísimas», si bien aclaró que el acuerdo no concede libertad a los Estados para aplicar peajes, porque «esa libertad ya existe». Otros países periféricos, como Malta, Portugal y Estonia votaron en contra de la decisión, al igual que hizo Bélgica, mientras Grecia y Finlandia se abstuvieron.