Los expertos proponen al Gobierno que el empleo público no sea vitalicio

Sistema retributivo muy vinculado a la productividad, carrera profesional con evaluaciones periódicas de la actividad desarrollada y jurados exclusivamente técnicos y profesionales para las pruebas de acceso son algunos de los principios sobre los que debería girar el futuro «estatuto básico del empleado público», según el grupo de expertos que, por encargo del Gobierno, ha elaborado un informe. El adelanto de estas líneas generales corrió a cargo del titular de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y del catedrático, Miguel Sánchez. La norma afectará a los 2,3 millones de empleados que suman los trabajadores del Ejecutivo central, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos (12,4% de los ocupados). Beneplácito del Gobierno El «estatuto básico» es una asignatura pendiente de la democracia que deja fuera de su cobertura a los colectivos que se rigen por leyes orgánicas como Fuerzas Armadas, Cuerpos de Seguridad, Administración de Justicia, etc., y a otros muy singulares como notarios o registradores de la Propiedad. Las conclusiones de los expertos no son una propuesta, pero las declaraciones del ministro dieron a entender que cuentan con el beneplácito del Gobierno. Sevilla informó que los planes inmediatos de su Departamento son conseguir en el 2005 un borrador consensuado con agentes sociales, comunidades autónomas, ayuntamientos y Partido Popular, para ser tramitado parlamentariamente en el 2006 y que entre en vigor en el 2007. Sevilla definió el estatuto como «un gran convenio colectivo, un marco común o un paraguas al que acogerse», a completar por cada administración. Otra apuesta de los especialistas radica en estrechar la relación salario-rendimiento. De manera que aunque el incremento anual venga impuesto por los Presupuestos, su distribución prime la productividad. En este capítulo, instan al Gobierno central a fijar el aumento anual con «sensibilidad» (relegando el incremento cero a situaciones extraordinarias), de acuerdo con comunidades y ayuntamientos para después negociarlo con los sindicatos. En cuanto a la carrera profesional, se inclinan por generalizar -cada dos años como máximo- la evaluación del rendimiento del trabajador, para que determinadas funciones del empleo público «no sean vitalicias ni permanentes».