El Gobierno quiere suprimir el despido improcedente en el?empleo?público
El Gobierno es partidario de suprimir el despido improcedente en el empleo público y así lo defenderá en el futuro Estatuto Básico pero, consciente de que la gran lacra del sector es la temporalidad, ha decidido iniciar un plan de choque contra las colocaciones inestables, que comenzará por el Instituto Nacional de Estadística (INE), según informó el secretario general de Administraciones Públicas, Francisco Velázquez. Una vez atajado el problema de la eventualidad, el Gobierno se meterá de lleno en la redacción del estatuto, en cuyo texto, entre otras novedades, introducirá el establecimiento de un grupo de directivos (situado entre los políticos vinculados al poder de turno y el resto de los trabajadores) e impulsará la actividad en casa. Velázquez resaltó que el gran problema de la inestabilidad laboral se da en las corporaciones locales con un porcentaje superior al 30%, que baja al 20% en las autonomías y al 8% en la Administración del Estado. No obstante, existen bolsas de temporalidad que urgen tratamiento «ya». Una de ellas, compuesta por unos 900 trabajadores dedicados a funciones fijas, es la detectada en el INE. La regulación se hará vía un plan de choque, que continuará por las oficinas del Servicio Público de Empleo (antiguo Inem). Situación límite Para el secretario general es imprescindible ajustar el principio de causalidad (contratos temporales exclusivamente para actividades temporales). «CC.?OO., UGT y CSI-CSIF nos reclaman bajar el empleo público inestable a un dígito, que todavía no nos han concretado, pero hay un problema, porque el Estado no tiene competencia para fijar ese porcentaje en las comunidades ni en los ayuntamientos», dijo. A su juicio, la apertura del límite de la tasa de reposición podría ser una medida que permitiría «entrar más gente fija y convertir a los temporales en indefinidos». Velázquez resaltó la autonomía de las Administraciones y afirmó que el futuro «estatuto» innovador y común a las tres (central, territorial y local) no cortará derechos ni competencias. «Será una norma de mínimos, con reglas muy escasas, llena de principios a desarrollar por cada comunidad».