Más de 1.600 inspectores buscarán a clandestinos en empresas españolas

El Ministerio de Trabajo dio ayer luz verde a la segunda fase de la regularización de inmigrantes: el plan de choque para luchar sin cuartel contra los empresarios que se han negado a legalizar la situación laboral de los clandestinos por ellos empleados en el proceso de normalización que concluyó la semana pasada con más de 690.000 expedientes. El departamento que dirige Jesús Caldera, que este jueves informó a los agente sociales de su ambicioso programa de acoso a los empleadores irregulares, ha dado órdenes a la Inspección de Trabajo para que ataque el empleo sumergido de inmigrantes con casi toda su artillería: más de 1.600 funcionarios a la búsqueda de las empresas que aún contratan clandestinos. Según los datos facilitados por el ministerio, el contingente para el plan de choque estará formado por 788 inspectores y 822 subinspectores a los que el 1 de junio se sumarán otros 23 nuevos inspectores y 27 subinspectores. La secretaria de Estado para la Inmigración y la Emigración, Consuelo Rumí, explicó a los sindicatos que la idea del Gobierno es revisar la situación laboral de, al menos, medio millón de trabajadores inmigrantes antes de que finalice 2005. Para ello, la inspección tiene en proyecto realizar en poco más de siete meses y medio cerca de 200.000 visitas a otras tantas empresas o centros de trabajo. Estas cifras suponen un importante incremento en la actividad supervisora, ya que este órgano a lo largo de los doce meses de 2004 realizó 400.000 inspecciones y la mitad de visitas. En cuanto a las zonas prioritarias, los responsables de la inspección inciden en que el mayor número de visitas tendrá lugar en las áreas de mayor actividad económica como Madrid, Cataluña, Valencia o el País Vasco. Sin embargo, la constatación de que en varias provincias del interior (particularmente en Castilla y León), Ceuta, Melilla, Murcia y, en menor medida, Almería, la respuesta a la normalización ha sido escasa ha provocado que el plan de choque deba extenderse de forma particular a estas área. Asimismo Trabajo informó que se configurará un nuevo sistema informático para la inspección, con un importe aproximado de 18 millones de euros, hasta el año 2007. También se incrementará la dotación presupuestaria en 8,7 millones para reforzar los recursos humanos. Inocuidad de la regularización Los gobiernos francés y alemán han aceptado y asumido las garantías españolas acerca de que la regularización por Madrid de 700.000 inmigrantes ilegales no tendrá impacto en sus respectivos mercados laborales. Los ministros del Interior del G-5 (Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y España) insistieron ayer en la conveniencia de instaurar mecanismos de concertación y alerta con antelación ante futuras iniciativas de ese tipo. José Antonio Alonso proclamó que «la posición española no ofrece el más mínimo problema a nuestros socios de la Unión Europea». El ministro del Interior planteó que en la situación anterior de irregularidad los indocumentados sí podían sentir la tentación de ir a otros países.