La idea de Zapatero de legislar con consenso relaja a los agentes sociales

La negociación de la reforma laboral se encuentra estancada, pese a ser la mesa de diálogo social que más expectación había levantado. El reiterado compromiso del Gobierno de que no legislará sin consenso ha «relajado» a los agentes sociales, que mantienen posiciones antagónicas. Mientras tanto, el índice de temporalidad -uno de los principales problemas a corregir-se mantiene muy elevado. De los 6.575.110 contratos realizados en lo que va de año (enero-mayo) el 90%, es decir, 5.912.183, tuvo carácter eventual y para seis comunidades resultó imposible suscribir 10 colocaciones indefinidas por cada 100 creadas. Esta fue la situación de Andalucía, con un 4,40% de temporalidad; Extremadura, con un 4,46%; País Vasco, con un 8,27%; Asturias, con un 9,44%; Castilla-La Mancha, con un 9,61%; y Galicia, con un 9,79%. El porcentaje de Ceuta, del 6,13%, también resultó de los más bajos. El Gobierno está encargado de confeccionar un nuevo temario para la reforma laboral con las propuestas de las patronales, CEOE y Cepyme, y de los sindicatos, CC.OO. y UGT. La primera fase del debate concluyó el 17 de mayo, pero las posibilidades de encajar ambas reivindicaciones parecen más que remotas, al defender intereses distintos. En definitiva, los empresarios reclaman reducción de costes laborales (rebaja de cotizaciones, flexibilidad del despido, un nuevo contrato temporal de duración más amplia, etc.) para conseguir unas empresas más competitivas, planteamiento que rechazan tajantemente los representantes de los trabajadores. Para los sindicatos es indispensable un mayor control y vigilancia de cómo se aplican las modalidades de contratación, para que el empleo temporal cubra únicamente actividades con fecha de caducidad. El Gobierno, por su parte, recuerda que es preciso impulsar la productividad para que el país sea más rentable. El XXXIX congreso confederal de UGT y los comicios gallegos han influido también en la demora de la negociación.