Una banda internacional defrauda a Hacienda más de 100 millones

La Policía ha desarticulado una trama internacional que defraudó más de 100 millones de euros al erario público español, gracias a percibir devoluciones indebidas de Hacienda en concepto de IVA, y que blanqueó un mínimo de 33 millones de euros. En la operación, que se inició hace más de tres años por la Brigada de Delincuencia Económica y Financiera, se ha detenido a 13 personas e imputado a otras 52, de origen latinoamericano o estadounidense, lo cual ha impedido su arresto hasta el momento. Según informó ayer el Ministerio del Interior, esta es una de las pocas ocasiones en las que han podido ser identificados e imputados los máximos responsables de la red, sus asesores jurídicos y contables, y los despachos profesionales que han colaborado con ellos. En total, los agentes han intervenido bienes inmuebles por valor de cinco millones de euros, un chalet de lujo en la cotizada zona residencial de La Moraleja, junto a localidad madrileña de Alcobendas, tres locales de 810 metros cuadrados, 27 plazas de garaje, equipos informáticos, teléfonos y saldos en cuentas bancarias por un importe aproximado de 145.000 euros. El sistema empleado El sistema de defraudación utilizado por los acusados es el que se conoce como «carruseles fiscales de IVA», que consiste en simular operaciones intracomunitarios de compraventa de componentes electrónicos e informáticos entre diferentes países y sociedades. La Policía ha contabilizado un centenar de firmas instrumentales controladas por la organización criminal, la mayor parte en España y Portugal, y algunas en Italia, Francia, Reino Unido, Países Bajos y Estados Unidos. Según los cálculos de los investigadores, sólo en uno de los «carruseles» descubiertos se defraudaron 46 millones al erario público entre 2001 y 2003. Si se tiene en cuenta que la red opera en España, como mínimo, desde hace ocho años, los agentes consideran que el fraude ha sido «descomunal», superior a los 100 millones. Por otro lado, mediante salidas de divisas a sociedades radicadas en Miami, amparadas en operaciones comerciales ficticias, se blanquearon otros 33 millones entre 2002 y 2003. El máximo responsable de la trama es un ciudadano argentino, identificado como Federico, quien experimentó un «elevado e inusual» incremento patrimonial en los últimos años. Contó con la colaboración de dos despachos profesionales de Madrid, uno de abogados que le daba asesoramiento jurídico y fiscal, y otro que se dedicaba a constituir sociedades «fantasma» para su venta posterior, conocidas en este tipo de operaciones como «truchas». Dichas firmas se utilizan para simular la circulación de las mismas mercancías, productos deteriorados o inservibles, por cuya compraventa se emiten las facturas correspondientes. Pero, además, algunas de las sociedades creadas por la organización llegaron a operar con empresas de renombre, lo que les permitió ser consideradas como «grandes y solventes compañías» dentro de la informática y la electrónica.