El Gobierno afirma que los trabajadores quieren ante todo un contrato fijo

El Gobierno desmiente que esté del lado de las organizaciones empresariales (CEOE y Cepyme) en la negociación de la reforma laboral, y no entiende por qué los sindicatos (CC.?OO. y UGT) se echan las manos a la cabeza cuando el Ministerio de Trabajo propone aplicar, con carácter general, el contrato indefinido de fomento del empleo. Fuentes oficiales argumentan que el ciudadano está mucho más preocupado por la inestabilidad laboral, que le impide planificar su vida, que por el dinero que cobrará cuando la empresa decida echarle. El coste y la tramitación del despido se han convertido en la estrella de la mesa de negociación. La reforma laboral es el mayor reto del gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero en el ámbito del diálogo social. Los interlocutores iniciaron las conversaciones a partir de marzo, una vez firmado por CEOE, CCOO y UGT el pacto-guía que orienta los convenios colectivos del 2005. A mediados de ese mes, el Ejecutivo presentó un índice con varias medidas, que pusieron en guardia a los sindicatos. Entre ellas figuraba extender con carácter general el contrato de fomento del empleo, destinado a colectivos con grandes dificultades para acceder a una colocación. El origen de esta modalidad de trabajo data de otra reforma laboral, la pactada en 1977 por CEOE, CC.?OO. y UGT, con el beneplácito del Gobierno de entonces, de ideología popular. Su indemnización por despido es de 33 días por año de servicio, con un límite de 24 mensualidades, frente a los 45 días del contrato ordinario, con un tope de 42 pagas. Sobre el 20 de mayo, el debate sufrió un parón por el congreso confederal de UGT y las elecciones gallegas. Una vez celebrados ambos acontecimientos, las reuniones en busca del acuerdo se intensificaron al mismo tiempo que afloraban las profundas y lógicas diferencias existentes entre partes que defienden intereses dispares. No obstante, el Gobierno mantiene su optimismo porque «las cosas están mucho mejor que hace un mes y van razonablemente bien». Esta perspectiva se basa en que los negociadores, con independencia de su naturaleza, se mueven por «principios idénticos». Según las fuentes oficiales consultadas, «saben en primer lugar saben que la reforma es necesaria; en segundo, que se necesita el consenso; y, por último, que la paz social que generará el futuro acuerdo beneficiará a todo el país». A juicio del Ejecutivo, «los recelos» de una parte sobre la otra no tienen sentido porque encima de la mesa de negociación está la garantía de que «la reforma sólo se llevará a cabo por consenso». El panorama descrito por el Gobierno no es compartido por los sindicatos. CCOO y UGT resaltan que la reforma está encaminada a reducir la temporalidad.