La mitad de las facturas se pagan a las empresas españolas con retraso

Un millón y medio de empresas españolas tiene problemas cada año para cobrar sus facturas, lo que supone el 70% del tejido empresarial. La morosidad, debido a los problemas financieros que genera -sobre todo en las pequeñas y medianas empresas- es la causa de una de cada cuatro quiebras y suspensiones de pagos. Aunque la nueva normativa aprobada a finales del año pasado establece un plazo de uno a tres meses para los pagos, según el tipo de mercancía de que se trate, los profesionales se quejan de que en muchos casos los aplazamientos llegan hasta los 130 días, y que en aquellos que se ajustan a le ley se les presiona para aceptar descuentos que pueden superar el 10%. Aunque en el ámbito comercial existía la confianza en que la ley 3/2004 de ordenación del comercio minorista serviría para reducir de forma sensible esas dificultades, en sectores como la alimentación y los electrodomésticos los proveedores denuncian que persisten los retrasos, en gran medida porque la entrada en vigor de dicha regulación se ha aplazado hasta el 1 de julio de 2006. Sostienen que España, junto con Italia, Portugal, República Checa y Lituania son los países europeos con mayores «excesos» en este sentido, con una media superior a los 90 días, lo que «retrasa la creación de empresas». Este hecho, unido a las lagunas que han detectado en la nueva normativa, ha llevado a la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (Fiab) a presentar una queja formal ante la Comisión Europea, en la que acusan al Gobierno español de haber transpuesto sólo de forma parcial la directiva europea que regula los pagos comerciales. Entre otras cuestiones, denuncian que los plazos aprobados son más elevados que los pretendidos por Bruselas, y que no se recoge de manera explícita la legitimación de este tipo de organizaciones para denunciar posibles situaciones de abuso de poder o dominio por parte de los compradores. Comparaciones Fiab, en línea con los argumentos de la Federación Nacional de Asociaciones de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos y de la Federación de Comerciantes de Electrodomésticos, destaca que otros países europeos como Holanda, Alemania o Reino Unido «no aplazan nunca por encima de los 30 días», mientras que en España «existen casos que alcanzan los seis meses». Desde Asedas, la principal patronal de los supermercados, se les responde que en esos territorios la tradición jurídica ha impedido las demoras «desde siempre», por lo que no se trata de situaciones comparables. Descuentos forzados Los distribuidores aducen que, si bien en España los plazos de pago aumentan más, los márgenes comerciales son, sin embargo, «mucho más bajos». Advierten de que morosidad (incumplir los plazos fijados) no es lo mismo que fijar unos períodos de cobro más dilatados, pues éstos dependen de otros condicionantes entre comprador y vendedor, como precio, garantías, riesgos compartidos o proyectos de colaboración conjunta. La gran patronal de los hipermercados, Anged, se muestra más escueta y sostiene que «no cabe dar más vueltas al tema», ya que la gran mayoría de las empresas cumple «lo que marca la ley». Rechazan también las empresas de la distribución comercial que presionen a sus proveedores para aceptar descuentos considerables (de entre el 7% y el 12%) en sus facturas si quieren cobrarlas en el plazo fijado, en especial si éste es inferior a 30 días, como ocurre con los productos perecederos. Los vendedores insisten, no obstante, en que esa «exigencia» es «real», y que los grandes compradores «manipulan» los plazos «a su gusto» para «crecer con la financiación que secuestran a sus proveedores», lo que califican de «vampirización financiera».