Expertos fiscales proponen alargar a 10 años el plazo de las cuentas-vivienda

El Ministerio de Economía y Hacienda aún no ha cerrado el diseño de la reforma del impuesto de la renta (IRPF), que pretende presentar entre octubre y noviembre, y todavía está abierto a los planteamientos que se le realizan. Entre los últimos que ha conocido, destaca la propuesta del anterior director del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), organismo dependiente del departamento que dirige el vicepresidente Pedro Solbes, que propone alargar a 10 años el plazo de vigencia de las denominadas cuentas-vivienda, así como incentivar los seguros que cubran los riesgos de posibles subidas de tipos. Pero no es esa su única sugerencia vinculada al tratamiento impositivo de los inmuebles. El ex director del IIE, Juan José Rubio, señala en un reciente informe publicado por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), que es necesario reducir la importancia de los incentivos fiscales a la compra de una casa, de modo que se reduzca tanto la base de deducción como el período aplicable para la misma. Considera que habría que limitar el objeto de esas ayudas que deberían dedicarse sólo a las viviendas de protección oficial (VPO) más demandadas, y restringir sus beneficiarios, con prioridad para jóvenes, divorciados e inmigrantes. Junto a la extensión de la vigencia de las cuentas-vivienda, que justifica en que el plazo actual de cuatro años resulta «insuficiente» para acometer los primeros gastos de adquisición, este experto en temas tributarios plantea una subida de los tipos de deducción, destinada a los jóvenes menores de 35 años que compran su primera casa. Según los últimos planes del Ministerio, la base máxima anual permanecerá en 9.015 euros. Ahora está fijado en el 15%, pero en los dos primeros años se puede llegar al 25% si se ha usado financiación ajena. Subida de tipos Rubio y otros expertos en impuestos proponen que se creen incentivos fiscales para la contratación de seguros especiales, que cubran posibles subidas de tipos de interés. Esta fórmula es estudiada hace tiempo por el equipo de Solbes, que se planteó la obligatoriedad de suscribirlo para aquellas personas que contraten una hipoteca por más del 80% del valor de tasación de la casa que adquieran.