Las autonomías no tendrán más control sobre las aseguradoras

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado la pretensión de Cataluña de que las comunidades autónomas tengan más control competencial sobre las aseguradoras, bajo el argumento de que el Estado había aprovechado la adaptación de varias directivas europeas para incrementar su ámbito de actuación. Los doce magistrados de la institución decidieron a finales de julio casi por unanimidad, pues hubo dos votos particulares, que la aplicación del principio de autorización única no supone un menoscabo para las administraciones territoriales. El fallo desestima el recurso presentado por la Generalitat catalana contra varios preceptos de la Ley 30/1995 de ordenación y supervisión de los seguros privados. Según sus fundamentos jurídicos, la normativa comunitaria en cuestión no impide que, si bien la autorización administrativa válida para que las entidades aseguradores puedan actuar en Europa será única, existan «otros puntos de conexión distintos del relativo al domicilio social». Éstos, añade, servirán para «delimitar territorialmente el alcance de la actividad desempeñada» por esas compañías. Los miembros del TC, con el criterio contrario de María Emilia Casas (presidenta del tribunal) y Pablo Pérez, sostienen que esos controles son «compatibles» con los objetivos perseguidos por las últimas directivas comunitarias relativas al sector. Estas, apuntan la mayoría, pretenden «garantizar» a las aseguradoras «un tratamiento semejante en todo el espacio económico europeo, lo que comporta que los niveles de control de control de la solvencia y de protección del asegurado resulten equiparables». En contra de las tesis de la Generalitat, que argumentaba que el objetivo de la «armonización» comunitaria no puede pasar por la creación de una Administración «única y superior en esta materia», el Constitucional sostiene que los puntos de control establecidos por el legislador «no representan una reserva a favor del Estado en el ejercicio centralizado de atribuciones.