El Plan de Vivienda ha permitido a 183.000 familias tener una casa

El Gobierno ha favorecido el acceso de unas 183.000 familias a la vivienda desde que llegó al poder. Así lo aseguró ayer la ministra del ramo, María Antonia Trujillo, en el primer acto de una campaña informativa con la que se propone dar a conocer su Plan de Vivienda para el periodo 2005-2008. Trujillo defendió que el PSOE ha cumplido con su compromiso de poner en el mercado viviendas al alcance de los colectivos menos favorecidos. En este grupo incluyó a los jóvenes, las mujeres maltratadas, las víctimas del terrorismo, los discapacitados, los mayores, y las familias monoparentales y numerosas. La ministra recordó que el Ejecutivo ha liberalizado seis millones de metros cuadrados de suelo estatal para la construcción de viviendas protegidas. Este tipo de iniciativas, a su juicio, demuestran que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, «acertó» al impulsar la creación de su Ministerio. La ministra Trujillo señaló que el nuevo Plan de Vivienda es «el mejor de la historia de la democracia española», y resaltó que, con un presupuesto de 6.822 millones de euros («el doble de lo destinado por el plan del Gobierno del PP»), permitirá la construcción de 226.400 viviendas y la rehabilitación de 159.000 más, así como 51.400 ayudas para la compra de vivienda usada. Este alza, justificó, supondrá la construcción a lo largo de la legislatura de 720.000 viviendas protegidas y la rehabilitación de 159.000. Además, posibilitará la concesión de 51.500 ayudas para la compra de casas usadas y de 226.400 para la adquisición de nueva construcción, así como 118.000 para el alquiler. La mercancía de la derecha Trujillo arremetió con dureza contra el PP, al que acusó de considerar la vivienda «como una mercancía, no como un derecho» y de «no tener ni querer» una política para este asunto. El secretario de organización del PSOE, José Blanco, abundó en estas críticas al sostener que durante los dos gobiernos de José María Aznar el precio de las casas en España repuntó seis veces más que los salarios, mientras que las ayudas estatales mermaban hasta una cuantía «insultante».