Trabajo quiere abaratar el despido en los contratos a desempleados

Extender el contrato de fomento del empleo estable su indemnización por despido es de 33 días frente a los 45 actuales y ampliar la cobertura del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) a las empresas de 50 trabajadores, son algunas de las medidas del Gobierno para reformar el mercado de trabajo. Así se recoge en el documento de propuestas que ha elaborado el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con motivo de la reforma laboral que está negociando con los sindicatos CC.OO. y UGT y la patronal Ceoe-Cepyme, y que les fue entregado ayer. En el documento, de 19 páginas, se propone promover la contratación indefinida y evitar los abusos de la temporal, mejorar la seguridad jurídica de contratas y subcontratas, fomentar la igualdad de géneros, modernizar las Empresas de Trabajo Temporal, la cobertura del Fogasa, los Servicios Públicos de Empleo y la Inspección de Trabajo. Empleo fijo. Para promover la utilización de la contratación indefinida, se propone mantener la regulación actual del contrato indefinido «ordinario» y extender el contrato de fomento de empleo estable, que tiene por objeto impulsar la fijeza de determinados colectivos de trabajadores en situación de desempleo. En la actualidad, se emplea para trabajadoras desempleadas de entre 16 y 45 años, para parados que lleven inscritos ininterrumpidamente en la Oficina de Empleo seis o más meses o para mayores de 45 años, para perceptores de la renta agraria o la de inserción y para víctimas de la violencia de género, entre otros colectivos. Ahora, Trabajo propone que también puedan firmar ese contrato los parados que lleven inscritos al menos un mes como demandantes de empleo o los trabajadores que provengan de otra empresa y que sean temporales. Extinciones de contratos. Otras de las medidas para estimular la contratación indefinida son «modernizar» los procedimientos individuales de extinción del contrato por razones objetivas. Incentivos. Se propone «concentrar» el sistema de incentivos a la contratación en la modalidad de fomento del empleo estable. Las líneas a seguir serían: ampliar de 2 a 4 años la duración de las bonificaciones empresariales (salvo para mayores de 45 años y discapacitados), extender las de los parados de entre 16 y 30 años o suprimir el carácter permanente de las conversiones a fijo. Cotizaciones sociales. Se reducirían las cotizaciones sociales de los contratos indefinidos -0,25 puntos menos en 2006 y 2007; y 0,50 puntos en 2008- y para los empleos generados en empresas creadas por jóvenes y mujeres. Temporalidad. Se apuesta por límites temporales «máximos» para evitar los encadenamientos, por una nueva regulación del contrato temporal de obra y servicio, por la derogación del de inserción y por recuperar el «carácter esencial» del de formación (hasta los 24 años). En cuanto a los encadenamientos, los trabajadores que en 36 meses hayan suscrito 2 o más contratos temporales sucesivos con la misma empresa -incluso por ETT- por un período superior a dos años se convertirán en fijos (salvo interinidad, relevo y formativos). Subcontratas. En materia de contratas y subcontratas, se reclama una mayor transparencia en la cadena de subcontratación y más implicación del empresario en materia de información entre empresas y comprobación del cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social, así como una delimitación de la cesión «ilegal» de trabajadores. Igualdad de géneros. Se reclama un permiso de paternidad independiente del de la madre y una mayor protección frente al acoso sexual, principalmente. Trabajo también destaca la importancia de incentivar económicamente el empleo fijo a tiempo parcial y de reformular el de relevo para favorecer la estabilidad. Fogasa. El Gobierno también pretende mejorar la cobertura del Fogasa, puesto que el superávit que registra anualmente, de unos 400 millones de euros anuales, permite aumentar la cuantía de las prestaciones y reducir las cotizaciones. Para favorecer a las pymes se pretende ampliar el tamaño de 25 a 50 trabajadores de las empresas que pueden acogerse a la financiación del 40 por ciento de las indemnizaciones por despido procedente (colectivo o individual).