Un escándalo con consecuencias judiciales e implicaciones políticas

Sobre las empresas involucradas en el escándalo -entre ellas la sociedad pública de comercio exterior Sirecox- el equipo de la ONU señala que parte de ellas abonaron a responsables del antiguo régimen iraquí unos 8,6 millones de dólares como «sobrepagos» ( «surcharges» ). De esta suma, 902.171 dólares correspondieron a «recargos por la concesión de petróleo», si bien sólo consta que lo habría pagado una de las siete compañías españolas que participaron en esta área (entre ellas, Repsol y Cepsa), denominada Lubna Trading, dirigida por el citado Qaquish. Otros 137.650 dólares se recogieron como «prima de transporte», y el resto se dio en concepto de «primas postventa». Este caso no sólo puede tener consecuencias judiciales, sino también políticas. Hace diez días, tras conocer la publicación de informe en Washington, el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, dijo que seguirían el tema para «ver si hay empresas españolas, como y por qué». Mientras, en el Congreso, ERC y los partidos del Grupo Mixto (BNG, Chunta, EA y NB) han pedido ya la apertura de una comisión de investigación oficial, en la que participarían una veintena de diputados, si bien ninguno de los dos grandes grupos (PP y PSOE) parecen estar por la labor. Los partidos minoritarios no se cansan de señalar que un miembro del PP podría estar implicado en el escándalo y citan expresamente a Javier Rupérez, quien lo niega todo.