La reforma de la Seguridad Social prevé limitar las prejubilaciones

El Gobierno quiere limitar y, al mismo tiempo, desincentivar la retirada prematura de la vida laboral para evitar los «excesos de generosidad» del actual sistema de protección pública. Así se desprende del documento para la reforma de la Seguridad Social que el Ministerio de Trabajo ha entregado a la patronal y los sindicatos. Los máximos objetivos del Ejecutivo son prolongar la vida laboral más allá de los 65 años e incrementar la correspondencia entre lo aportado y lo recibido. También apuesta por redefinir las prestaciones de viudedad e invalidez para evitar «injusticias». El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, destacó ayer que el principal problema es que «se cotiza poco y demasiado poco tiempo». El documento, según defendió Granado, está «abierto» y debe servir para llegar a un acuerdo con los agentes sociales. Según sostuvo, el sistema público atraviesa por un momento «envidiable» y logrará este año el mejor ejercicio económico de su historia. Pero las reformas, añadió, han de garantizar su estabilidad, que se ve amenazada por el envejecimiento de la población y por el incremento en número de las pensiones más cuantiosas. Actuales pensionistas Granado subrayó que las modificaciones no afectarán a los actuales pensionistas, a quienes aseguró que el Gobierno mejorará las rentas más bajas. Explicó que los cambios no incluyen una subida general de las cotizaciones, y que se aplicarán de forma paulatina, ya que el sistema no entrará en déficit hasta dentro de 15 o 20 años, y eso en el escenario más pesimista. Además, explicó, habrán de ser compatibles con un incremento del gasto social para favorecer que las familias tengan más hijos y para crear un sistema nacional de atención a las personas dependientes. Trabajo considera que las actuales once modalidades de jubilación anticipada provocan «agravios comparativos» y no comparte que los trabajadores despedidos reciban un trato peor que los que se retiran antes de tiempo por iniciativa propia. Por ello propone homogeneizar los requisitos y retrasar de 60 a 61 años la edad mínima requerida. El objetivo es que, sin cambiar la edad legal de jubilación, la edad real (63,7 años) se aproxime a los 65 años. Para prolongar la vida laboral, el Ejecutivo apuesta por que las empresas reciban incentivos por emplear a trabajadores indefinidos de más de 59 años, cuando ahora la ayuda es para mayores de 60 años con un mínimo de 5 de antigüedad. También quiere que las personas que continúen su labor más allá de los 65 años con un mínimos de 15 cotizados (ahora son 30) reciba una pensión más cuantiosa. Por contra, no ha planteado un cambio en el periodo de computo de la pensión (los últimos 15 años de cotización).