Técnicos de Hacienda denuncian un parón en las devoluciones

Cientos de miles de devoluciones de la declaración del IRPF están paralizadas en toda España por una protesta que están desarrollando los técnicos del cuerpo B de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), según denuncia el colectivo de funcionarios de Hacienda. El motivo de la medida de presión, secundada por el 63,5% de la plantilla en todo el territorio nacional está relacionado con el reconocimiento de funciones por parte de la Administración, que «debe tomar conciencia y no tener a sus trabajadores infrautilizados», afirma José María Mollinedo, vicepresidente de Gestha, organización que agrupa al colectivo. Ante la denuncia, un portavoz de la Agencia Tributaria niega la mayor y asegura que ya se han ejecutado el 97% de las devoluciones del IRPF, que en valores absolutos representan más de 754.000. Las que faltan siguen el proceso normal de comprobación, «y la protesta que lleva a cabo el colectivo para nada afecta a las devoluciones», afirma el mismo portavoz. Versiones contrarias Los subinspectores contradicen esta versión y explican: «Hasta la fecha veníamos extralimitándonos en nuestras funciones, es decir, realizando tareas que no nos correspondían ya que eran propias del cuerpo superior. Anteriormente teníamos más competencias, pero poco a poco nos las han ido recortando desde el año 2001». Pero subrayan que no se trata, en ningún caso, de una huelga de celo, sino de lo que denominan «medidas de legalidad». «Nos atenemos a lo que estrictamente exige la norma», afirman. «Hemos dejado de realizar tareas que no nos son propias y que incluso la normativa de intereses corporativos nos niega expresamente», argumenta un portavoz del colectivo. Otro de los técnicos añade: «Nos limitamos, simplemente, a realizar nuestras funciones. Si no nos hubiésemos extralimitado en nuestras tareas durante este tiempo no habría salido el trabajo adelante, y los resultados que la Agencia Tributaria anuncia sobre la lucha contra el fraude no hubieran sido posibles». Los subinspectores exigen que su trabajo sea homologado teniendo en cuenta las normas de ámbito europeo, que permiten la promoción sin categorías estancas y reconocen el trabajo realizado, más técnico y menos burocrático. En el resto de la UE se exige título universitario, pero en España no, aunque prácticamente la totalidad de los técnicos del cuerpo B disponen de esa graduación. Con ello, además del reconocimiento de su labor, el colectivo conseguiría que se equiparase su retribución salarial con la de los inspectores, que cobran de dos a tres veces más. Las diferencias de sueldo se perciben principalmente en los complementos que, según algunas fuentes, suelen otorgarse de manera discrecional. «Pero el dinero no es nuestra reivindicación principal, sino que la Administración reconozca nuestra labor», argumenta Mollinedo. La protesta, que comenzó en abril y a la que se han ido sumando los técnicos de las distintas áreas (gestión, recaudación, inspección y aduanas), está paralizando sobre todo las labores de inspección y las devoluciones del IRPF. Respecto a las primeras, los subinspectores advierten de que algunos expedientes van a caducar sin que se ejecute la sanción. En cuanto a las segundas, los técnicos carecen de datos para calcular el número exacto de devoluciones que están pendientes de reintegro, pero aseguran que son cientos de miles. A su juicio, antes del día 31, la Administración tomará algún tipo de medida para desbloquear la situación o, de lo contrario, tendrá que realizarlas todas de golpe. «Le tendrá que dar al botón de reintegro sin realizar ningún tipo de comprobación», explica uno de los técnicos afectados. Si no lo hace así, a partir del día 1 de enero los contribuyentes tendrán derecho a los intereses de demora que les correspondan. Este año, el tipo que debe pagar la Administración es del 5%. Ejemplo Respecto a la inspección a nivel nacional, Gestha pone un ejemplo: en mayo pasado se calculaba que la obligación impuesta por el nuevo reglamento de que los expedientes estén firmados por el jefe de la unidad, en lugar de por un subinspector, podía suponer que la Agencia Tributaria dejase de recaudar 1.270 millones de euros, ya que al menos 17.728 expedientes sancionadores corrían peligro de caducar. En el mes de octubre, Gestha ya denunció que el 95,85% de las empresas asentadas en España que facturan entre 1,8 y seis millones de euros (más de 57.700) escapan actualmente del plan de lucha contra el fraude, ya que la Administración no ha destinado inspectores suficientes para auditarlas.