Investigan posibles pagos a políticos para favorecer la opa a Antonveneta
La Fiscalía de Milán está investigando presuntos pagos millonarios a políticos italianos por parte de la Banca Popolare Italiana (BPI) para que favorecieran la fracasada Oferta Pública de Adquisición (opa) sobre Antonveneta. Así lo aseguran ayerl medios de comunicación locales que citan los resultados de los interrogatorios al ex consejero de la BPI Giampiero Fiorani, en prisión desde el pasado mes de diciembre acusado de asociación de malhechores y especulación abusiva. Los magistrados estarían investigando los pagos realizados por Fiorani, aún no cuantificados pero que podrían sumar millones de euros, a políticos cuyos nombres no se conocen, e intentan descubrir las razones del banquero para «premiar» a esas personas. La sospecha es que los políticos habría recibido pagos en determinadas cuentas bancarias ordenados por el ex dirigente de BPI para «facilitar» la autorización del intento de compra de Antonveneta, entidad que finalmente ha quedado bajo control del holandés ABN Amro. De esta manera existiría -siempre según los medios de comunicación- un lobby político interesado en las opa bancarias y una red de intermediarios creada por Fiorani para gestionar las relaciones con ese grupo de presión. Enriquecimiento ilícito En el marco de la investigación por el intento de compra de Antonveneta, los investigadores también sospechan que Fiorani está en el centro de una trama de enriquecimiento ilícito con engaño a pequeños ahorradores del banco, lo que le llevó a prisión. El caso Antonveneta fue también la causa última que llevó a la dimisión del gobernador del Banco de Italia, Antonio Fazio, investigado por los jueces de Milán por uso de información privilegiada, que habría dado a Fiorani durante la opa. Por otra parte, ayer se informó de que a mediados de esta semana llegarán a la Fiscalía de Milán los inspectores enviados por el ministro de Justicia, Roberto Castelli, para intentar establecer el origen de la fugas a los medios de comunicación. Castelli tomó esa decisión la semana pasada después de que Il Giornale , propiedad de la familia del primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, publicase conversaciones interceptadas por la fiscalía entre el secretario de Democráticos de Izquierda, Piero Fassino, y el presidente de Unipol, Giovanni Consorte, sobre la opa a BNL.