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¿Fusión entre las empresas españolas?
Industria no encuentra fórmulas legales consistentes para impedir la compra de la eléctrica
El Gobierno ha puesto a trabajar a todos sus equipos técnicos y legales para explorar fórmulas que eviten que un grupo alemán compre la mayor eléctrica española. «La mejor resistencia sería que Gas Natural presentase una oferta de 30 euros por acción», ironizó ayer una fuente gubernamental para indicar que, hasta ahora, no han dado con la clave. Una de las opciones es la negociación, entre PSOE y PP, y entre Endesa y Gas Natural, para plantear una operación de fusión entre las dos compañías españolas modificando las condiciones de compra. El portavoz del PP, Eduardo Zaplana, ya indicó ayer que estarían de acuerdo con una operación de pacto, en la que fuese Endesa y no Gas Natural, la que liderase el proceso. El Ministerio de Industria considera lejana la posibilidad de bloquear la opa de E.On recurriendo al argumento de reciprocidad, es decir, a que el mercado eléctrico alemán admita operaciones similares. Fuentes de Industria también han estudiado el razonamiento legal de paralizar la operación aduciendo que una pequeña parte del capital de E.On es público (el estado de Baviera posee el 2,5% de la eléctrica alemana). Zapatero también subrayó ayer que el Gobierno no recurrirá al bloqueo a través del ejercicio de la acción de oro que aún conserva en Endesa. Los técnicos tampoco han encontrado un enfoque legal que encaje en las normas de la UE, alegando que Endesa controla el 40% de un sector estratégico. De hecho, la UE alienta este tipo de operaciones para facilitar un mercado energético europeo. Otra posibilidad sería que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) tomara cartas en el asunto y analizara el impacto de la operación en las actividades reguladas (transporte y distribución de electricidad y gas) en cumplimiento de la llamada «función 14». Hay que recordar que la opa de Gas Natural sobre Iberdrola descarriló al no contar con la autorización de la CNE. Sin embargo, la presidenta del organismo regulador ha reconocido que la cosa no está clara y que los servicios jurídicos están analizando hasta dónde llegan sus competencias