Libertad bajo fianza a los directivos de Repsol detenidos en Bolivia

La justicia boliviana dejó en libertad bajo fianza a los dos altos cargos de la petrolera Andina, controlada por la hispano-argentina Repsol YPF, detenidos después de seis horas de interrogatorio por un proceso de investigación de la compañía por supuesto contrabando de crudo. El español Julio Gavito, presidente de Andina, y el director de operaciones, el argentino Pedro Sánchez, no podrán salir del país y tendrán que presentarse una vez al mes ante los fiscales. Ambos se presentaron voluntariamente a declarar el martes a las 20.30 horas de la noche (1.30 de la madrugada en España). A las 2.20 horas eran trasladados en un vehículo policial, escoltado por 14 policías hasta las celdas de la Policía Técnica Judicial de Santa Cruz. Gavito, que entró en el recinto protegido con chaleco antibalas, dijo: «Me gustaría dar las gracias a todos..., a los españoles, a los bolivianos». El caso se remonta a febrero, cuando el ex director de la Aduana Ricardo Alba, presentó una demanda para investigar a Andina por el envío irregular, con documentación falsificada, de 230.400 barriles de crudo, por valor de 9,2 millones de dólares, con destino a Argentina y Chile entre los años 2004 y 2005. La petrolera afirma que no existe delito penal y que en el caso de que hubiera cometido un error administrativo «pagará lo que haya que pagar». La fiscalía cursó unas citaciones para que los directivos acudieran a declarar en audiencias informativas, no como imputados, el pasado 24 de febrero y el 9 de marzo. Los fiscales Ángel Álvarez, José Cercenaro y Alberto Cornejo sostuvieron que no entendían porqué los ejecutivos se negaron a declarar y que por ello ordenaron en dos ocasiones el arresto de Gavito y Sánchez. Contrabando La primera orden se canceló cuando ambos se comprometieron a acudir el 9 de marzo. Como no lo hicieron y además desaparecieron, los fiscales allanaron la sede de Repsol. Según afirman, en esta requisa encontraron información para acusar de un segundo caso de contrabando, este otro por la entrada de equipos extranjeros valorados en 8 millones de dólares e instalados en una planta de procesamiento de gas en el sur de la nación andina . El gobierno español protestó por las medidas contra Repsol. El presidente Evo Morales respondió que el ejecutivo no intervenía en el caso porque la autoridad es del Poder Judicial. El vicepresidente Álvaro García Linera, incidió en que «cumplir la ley no es una mala señal». Sin embargo, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH) , que agrupa a las multinacionales petroleras, advirtió en un comunicado que las acciones contra las empresas y ejecutivos del sector son «señales negativas» porque «siempre dejan secuelas entre las partes, y lo que es peor, mandan una señal negativa a los inversores que estos proyectos van a requerir». El gobernante indígena del país -que está sumergido en la pobreza a pesar de contar con la segunda mayor reserva de gas natural de Sudamérica, estimada en 48,7 billones de pies cúbicos-, prometió redistribuir la riqueza. Aboga por el control estatal de todos los recursos naturales. Una de las vías es la renegociación de los contratos con las petroleras extranjeras con el fin de aumentar los ingresos fiscales que obtiene por la explotación de gas y petróleo. El ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, aseguró ayer que la producción de la filial del consorcio hispano-argentino Repsol YPF en el país «está garantizada» a pesar de los problemas judiciales que confronta y que no intercederá en el proceso. «En el caso de que haya cometido un error administrativo la empresa pagará lo que tenga que pagar» COMUNICADO DE REPSOL