El Gobierno pagará menos a los funcionarios que no rindan

Los funcionarios que no rindan ganarán menos que el resto y podrán ser trasladados a otro puesto, aunque no perderán su empleo, según anunció ayer el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. Éste será uno de los cambios recogidos en el nuevo Estatuto de la Fun-ción Pública que prepara su departamento, un documento que intentará acabar con la idea de que este tipo de plazas son para toda la vida, se haga lo que se haga. «Yo no me quedo satisfecho con un modelo de Función Pública en el que los funcionarios, hagan lo que hagan, sean inamovibles. Y tampoco con uno en el que sean removibles en función de intereses políticos. La categoría de funcionario te garantiza el trabajo, pero no el puesto si no se cumplen sus funciones», subrayó el ministro. De ahí que, insistió, «la continuidad en los puestos dependerá de lo que se haga en éstos, desapareciendo así la presunción de estar obteniendo un puesto para toda la vida, se desempeñe como se desempeñe». La idea es que quien más trabaje pueda progresar y ganar más de acuerdo con su productividad, un criterio que permitirá que los funcionarios que no cumplan los objetivos vean cómo su carrera y su salario se quedan estancados. Para lograrlo, el futuro estatuto establecerá mecanismos de evaluación del desempeño de la actividad de los empleados públicos. Personal directivo Sevilla, que ha sacado la idea de un comité de expertos y que ahora tendrá que pactarla con el resto de los grupos parla-mentarios, explicó ayer ante la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso que el nuevo estatuto «introduce la cultura de la eficiencia y de la valoración en el desempeño de la actividad, por lo que es un cambio muy importante». El anteproyecto de ley de la función pública propone también la creación de la figura de personal directivo, responsable directo de los resultados de la gestión en su departamento. Además, junto a estas impor-tantes novedades no exentas de polémica, la nueva norma obligará a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas a reducir la temporalidad laboral en el plazo de dos años. El nuevo estatuto les exigirá no tener una tasa de empleo temporal superior al 10%, cuando actualmente podían llegar al 30%. De todas formas, esta medida responde a un acuerdo al que Sevilla llegó con los sindicatos en su día y que no se había cumplido. Las retribuciones básicas serán iguales para todas las Administraciones, pero las complementarias (las que tienen en cuenta factores como la especial dificultad técnica, la progresión alcanzada en la carrera y el grado de interés o de esfuerzo) serán fijadas por cada Administración. Los funcionarios reacciona-ron ayer al anuncio de Jordi Sevilla con una mezcla de escepticismo e indignación. Muchos empleados públicos consideran que tras las pa-labras del ministro subyace una idea muy arraigada en la sociedad, alimentada por los tópicos, según la que se establece una relación de causalidad directa entre la ineficiencia y la vagancia, y la actividad laboral los fun-cionarios. «Se acabó eso de que los funcionarios tengan un puesto para toda la vida, se haga como se haga», dijo Sevilla por la mañana. Manuel Díaz, funcionario , explicó ayer que en la actualidad ya existen mecanismos legales suficientes como para evitar que se produzca el hecho denunciados por Jordi Sevilla, es decir, que un empleado público pueda hacer lo que le dé la gana en su puesto con total impunidad. Según recuerda, la elaboración de un estatuto del empleado público es un asunto que colea desde hace más de 20 años y que ya intentaron poner en marcha los ex presidentes Felipe Gonzá-lez y José María Aznar. «Lógicamente no podemos estar de acuerdo con las pa-labras del ministro porque ya hay mecanismos legales para que un funcionario pueda ser despedido». Otra trabajadora sostiene que en el empleo público no puede existir la misma flexibilidad que en el privado porque podría dar lugar a arbitrariedades muy graves. «Una cosa es que se nos exija un rendimiento y otra muy distinta insinuar no se sabe qué cuestiones con unas declaraciones que generan incertidumbre», sostuvo Valledor. «El Estatuto introduce la cultura de la eficiencia y de la valoración en el desempeño de la actividad. Es un cambio muy importante», añadió el ministro por la mañana. Resaltó que los funcionarios son trabajadores que han conseguido un empleo a través de una oposición, lo que supone un derecho adquirido, pero esto no debe entenderse como la permanencia en «un puesto concreto» para el resto de su vida laboral.