El Gobierno español convoca al encargado de negocios boliviano

El Gobierno español convocó ayer al encargado de negocios de la Embajada boliviana, Álvaro del Pozo, y le advirtió de «las consecuencias para las relaciones bilaterales» del decreto de nacionalización de los hidrocarburos firmado por el presidente Evo Morales el lunes, que obliga a las compañías presentes en el país a devolver al Estado la propiedad del crudo y del gas y les concede 180 días para renegociar sus contratos de explotación. El Ejecutivo español le solicitó el texto del decreto a Del Pozo y le mostró «su profunda preocupación» por la medida que afecta a la española Repsol-YPF, que controla el 25,7% de la producción de gas boliviano, y un 17% de las reservas. Además anunció que trabajará con otros países afectados, como Brasil, para llegar a una solución sa-tisfactoria para las partes, expresó su preocupación por las formas en que se ha adoptado el decreto, y dijo confiar en que Bolivia abra un proceso de «auténtica negociación y diálogo» con las empresas. El Gobiernoconvocó ayer a los secretarios de Estado de Economía (David Vegara), Industria (Joan Trullén) y Exteriores (Bernardino León), además de los responsables de la oficina económica de Moncloa y del Gabiente del presidente del Gobierno, según informó ayer la Cadena Ser. El Gobierno español mostró su malestar y preocupación por la medida y por las formas, sin previo aviso. Estos responsables van a reunir toda la información que disponen en relación con los intereses españoles en Bolivia, además de aspectos como los créditos FAD, de ayuda al desarrollo concedidos a ese país. Reunión con las empresas La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega anunció que el Gobierno convocará estos días a las empresas con intereses en Bolivia para analizar la situación. Bolivia también necesita inversiones extranjeras, dijo Montilla, y la inseguridad jurídica de esos hechos desincentivan a los inversores «y eso no es bueno para los bolivianos». El presidente del PP, Mariano Rajoy, afirmó que la medida de La Paz es un «varapalo para el Gobierno español» y que «la política internacional se debe hacer con países serios». En cambio, IU respaldó la «legitimidad» de la decisión de un poder democrático y soberano como el boliviano. La Unión Europea también mostró su preocupación y decepción, porque confiaba en que la nacionalización se dictara tras un proceso de consulta y discusión. El jefe de la Política Exterior de la UE, Javier Solana, afirmó que el decreto le produce «gran intranquilidad» y advirtió de que la ausencia de seguridad jurídica no beneficiará «al desarrollo político y económico» del país andino. Entre los grandes inversores en Bolivia está la brasileña Petrobras -45% de los campos de gas y 14,5 % de la reserva-. El ministro de Minas brasileño calificó el decreto de «gesto no amistoso», mientras que el canciller, Celso Amorim, dijo que su país respeta la decisión.