Un acuerdo que deja muchos cabos sueltos

Baja tasa de ocupación, desigual distribución entre los distintos grupos de la población, alto índice de temporalidad, ineficiente cobertura de protección social y bajo crecimiento de la productividad fueron los principales defectos del mercado de trabajo detectados por expertos y especialistas en un informe al inicio de la negociación de la reforma laboral. El estudio fue encargado por el Gobierno y vio la luz el 31 de enero pasado. Sus autores reclamaban cambios profundos y coherentes muy distintos a las modificaciones aplicadas en la etapa democrática y al contenido final del acuerdo. El Ejecutivo, las patronales y los sindicatos son conscientes de que la reforma alcanzada «es la única posible». Los líderes sindicales fueron los primeros en admitir que el mayor cambio sociolaboral que necesita el país es variar su sistema productivo, basado en el crecimiento especulativo y sin consistencia en el campo de la investigación, el desarrollo y la innovación. De sus declaraciones y de las del Gobierno se desprende que este modelo está agotado. Cuando hablan de futuro tienen otras miras mucho más ambiciosas. Los expertos en su informe aconsejaron a los negociadores sobrepasar el mercado laboral. A su juicio, era conveniente que el debate abarcara otras áreas como el sistema público de protección, la educación inicial en todos sus niveles, el reciclaje profesional continuo o la introducción de las nuevas tecnologías, sin olvidar el establecimiento de vías que impulsaran la industria y los productos de valor añadido. Estos procesos serían útiles para ser un país más competitivo. Insuficiente El encargo consistió en elaborar un diagnóstico de la situación y evaluar las políticas aplicadas desde 1992, unas impuestas y otras consensuadas. Entre sus recomendaciones figuraba el adecuar las políticas sociales a las necesidades actuales, dado que cuando se crearon respondían a situaciones distintas. Igualmente propugnaron la aplicación de medidas económicas que permitieran un escenario macroeconómico estable, con control de los precios y unas cuentas públicas saneadas, que permitieran el crecimiento de la productividad, puesto que el déficit del país era evidente en el comportamiento de los intercambios comerciales con el exterior. Pero el documento sólo se limitará a suavizar algunos de los problemas -alta rotación de los trabajadores, excesiva temporalidad o abuso en el encadenamiento de contratos eventuales- y no se adentrará en las soluciones estructurales reclamadas por los expertos. Opinan que es preciso abordar la modificación de las relaciones laborales. Es decir, dejar el Estatuto de los Trabajadores y abrir la reflexión sobre los convenios, su ámbito, su aplicación y sus contenidos, pero sin pretender abaratar la mano de obra, suprimir derechos históricos de los empleados o poner en peligro la escasa competitividad de determinadas empresas.