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León

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La reforma laboral y la adaptación del sistema público de protección social -incluidas las pensiones- a las actuales necesidades de la población (incorporación de la mujer al mercado de trabajo, familias monoparentales, divorcios, parejas de hecho, etc.) eran los retos más importantes del Ejecutivo dentro del proceso de diálogo social emprendido en julio del 2004. La primera quedó suscrita en el Palacio de La Moncloa el pasado día 9. El acto tuvo rango de acontecimiento y, todo indica que algo similar ocurrirá cuando se firmen los cambios de la Seguridad Social. CC.?OO. siempre apostó por una reforma de pensiones profunda que garantizara la financiación del sistema a corto y medio plazo. Pretendía cambios redistributivos para la racionalización de las prestaciones y aprovechar el actual momento de bonanza económica y superávit del sistema para consolidar la Seguridad Social más allá del medio plazo. No obstante, sus representantes no se muestran reticentes a la firma del acuerdo, porque creen que el contenido no perjudicará a nadie. Otras declaraciones de los representantes del Gobierno parecen ajustarse más a deseos que a realidades. Por ejemplo, la supresión del Régimen Especial de Empleados de Hogar y su integración en el Régimen General de Asalariados.

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