Industria quiere que las empresas suscriban contratos bilaterales antes de iniciar la reforma
El Gobierno subirá de nuevo la tarifa eléctrica el 30 de junio
La subida, una media del 1,4%, será adicional al alza del 4% aplicado el pasado enero
En plena tormenta eléctrica, y con el mercado mayorista prácticamente colapsado, el Ministerio de Industria tiene previsto llevar al Consejo de Ministros del próximo viernes 30 de junio la subida adicional de la tarifa en una media del 1,4% -adicional al alza del 4% ya aplicada en enero- así como los principales cambios en la forma de calcularla -un factor decisivo para rebajar el déficit tarifario- pero todo apunta a que la reforma del pool se quede para más adelante. La secretaría general de la Energía pretende que antes de abordar el cambio en profundidad del mercado mayorista eléctrico empiecen a suscribirse contratos bilaterales de compra de electricidad a largo plazo entre las compañías eléctricas y los grandes consumidores, unos pactos que harían la modificación de las »reglas de juego del mercado' más abordable. Industria quiere que esos contratos se prolonguen hasta 2015, sobrepasando el año 2010, fecha en que desaparecerá la tarifa eléctrica para la mayoría de los clientes, aunque está previsto que los usuarios domésticos -«más desprotegidos»- puedan seguir acogidos a este sistema. Pero el calendario del Ministerio ha soliviantado a las empresas. El mal funcionamiento del mercado mayorista, entre otras causas, disparó en el 2005 el déficit de tarifa o diferencia entre ingresos y costes reconocidos, que se compensa con alzas de la tarifa de años sucesivos. Medida provisional A la vista de que en el 2006 no se corregía esa trayectoria, y ante la sospecha de que las empresas pudieran estar manipulando el mercado -el cruce de denuncias entre ellas indujo a pensarlo- Industria adoptó el pasado marzo una medida provisional que las compañías rechazaron de plano. Fijó el tope de 42,35 euros por megavatio/hora en las transacciones entre generadoras y distribuidoras del mismo grupo. Iberdrola se rebeló, y anunció que su distribuidora no estaba dispuesta a pagar más de 33 euros por megavatio/hora en las compras en el mercado mayorista. Argumentó que, sumada a esa cifra la garantía de potencia se llega a los 42,35 euros del tope establecido para la liquidación en el grupo. La eléctrica que preside Ignacio Galán se ha mantenido en sus trece, asegurando que su decisión le evita incurrir en pérdidas. En los primeros tiempos de vigencia de la norma provisional, su distribuidora compraba a la generadora a precios de mercado, muy superiores a los 43,35 euros que recibía como liquidación. La actuación de Iberdrola ha provocado un descenso del orden del 40% en la actividad en el mercado mayorista, donde se casan ofertas y demandas, y también un recorte significativo de los precios, superior en algunos momentos al 60%. Aunque al parecer no ha servido para modificar los planes y el calendario del Ministerio, sí que ha levantado un vendaval de reacciones.