El Gobierno investigará cuántos parados registrados desean trabajar Lo que cobra de media un parado supera en un 45% el salario mínimo

El Gobierno ampliará antes del 2007 los indicadores que recogen el paro registrado cada mes en las oficinas del Servicio Público de Empleo (SPE) (antiguo Inem). Los cambios aclararán la situación de determinados colectivos, como la de los 150.000 prejubilados inscritos en las listas u otros grupos que se apuntan al SPE para conseguir ventajas sociales (abono transporte, acumular antigüedad en la lista, cursos de formación, etc.) pero no variarán el total de desempleados. Al frente de este proyecto se encuentra el catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, Luis Toharia. «No se trata de reducir el paro», dice en alusión a los cambios que se avecinan «y sí de conseguir información complementaria». A su juicio, conviene conocer la situación real de las personas que no tienen trabajo porque al ser el paro registrado una inscripción voluntaria se producen distorsiones. Ante la pregunta de cuándo entrará en vigor la reforma, se limitó a contestar que eso es cosa del Ejecutivo porque «el estudio ya esta terminado». Las declaraciones de Toharia tuvieron lugar en el Ministerio de Trabajo tras la presentación del libro Las estadísticas del mercado de trabajo en España, elaborado por Ignacio Pérez Infante, vocal-asesor de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos. «Los nuevos indicadores servirán para señalar que hay un porcentaje de personas apuntadas al paro por circunstancias muy diferentes a la de la búsqueda de un trabajo», explicó. Pérez Infante precisó que aflorarán colectivos diferentes a los que ya hoy en día se consideran demandantes de empleo no ocupados (Denoss) (estudiantes, trabajadores con jornadas muy reducidas, etc.) que tampoco se clasifican como parados. En la actualidad existen aproximadamente unas 237.000 personas en esta situación. Diferencia justificable El autor del libro se refirió a las diferencias existentes entre las dos estadísticas de paro. Una es la del desempleo registrado a través de las oficinas y listas del SPE, de carácter orientativo, y la otra la Encuesta de Población Activa (EPA) que recoge alrededor de 230.000 parados menos y es el único informe válido para las comparaciones europeas. En su opinión, el desfase obedece a que personas inscritas en el servicio público no cumplen los requisitos marcados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para ser consideradas paradas. Las exigencias son tres: estar desocupados, mantener una búsqueda activa de empleo y estar disponible para trabajar. Lamentó que la Encuesta de Coste Laboral no recoja separadas por sexo las retribuciones. Según su criterio sería una oportunidad de conocer con exactitud la discriminación femenina en el mercado de trabajo. Pérez Infante también apuntó que la EPA es mejorable. Su libro refleja que los principales «problemas y limitaciones» de la estadística radican en su periodicidad trimestral, cuando podría ser mensual, en la definición de parado, muy distinta de la establecida en el SPE y en la forma de realización de la entrevista, porque una única persona contesta todos los cuestionarios de los miembros que componen el hogar. Igualmente, son criticables para el autor la escasa precisión del algunas preguntas, la posible ocultación de información por parte del encuestado, y las dificultades para detectar a los extranjeros. La cuantía del salario mínimo interprofesional (SMI) es inferior en un 44,7% al importe medio por beneficiario de la prestación de desempleo. El Gobierno fijó el 1 de enero y para todo el año 2006 que la retribución básica fuera de 540,9 euros al mes mientras que el pasado 31 de mayo el gasto medio por cada parado con cobertura era de 977,4 euros al mes. La distancia entre ambas rentas disminuyó considerablemente en el 2004, sin embargo la brecha volvió a crecer en el 2006. El 1 de julio de 2004, el Gobierno incrementó en un 6,6% el salario mínimo y lo situó en 490,8 euros; y el 27 de diciembre, en otro 4,5% hasta los 513 euros. En el presente ejercicio, la separación aumentó en 0,7 puntos a favor del desempleo. Otra medida pactada en el 2004 (el 1 de julio) que impulsaba el SMI fue un real decreto que garantizaba el poder adquisitivo de sus perceptores a través de una cláusula de revisión salarial. La fórmula revalorizaba automáticamente el importe en función de la evolución de los precios del año anterior. No obstante, la iniciativa quedó aparcada debido al rechazo que provocó entre los empresarios pese a que verbalmente la Ceoe había dado su consentimiento. De todas las maneras, la cláusula no sería operativa hasta el año 2008, después de terminada la presente legislatura, dado que el compromiso del presidente Rodríguez Zapatero es elevar el salario, antes de las próximas elecciones generales, a los 600 euros. Hasta entonces su importe tiene que crecer por encima de los precios, con lo cual está garantizado que no habrá retroceso en su poder adquisitivo. Por lo que respecta a la cobertura de desempleo, su gasto interanual creció un 7,3% y alcanzó los 1.122,919 millones de euros al mes, frente a los 1.046,534 pagados en 2005 y los 960,73 en 2004. Mientras tanto, el incremento medio por parado subió un 7,5% y en 67,8 euros, con lo que se situó en 977,4 euros/mes. El importe registrado en mayo del 2005 fue de 909,6 euros, tras subir un 5,8%.