Diario de León

Las compañías también pagarán un 32 % del Impuesto Directo de los Hidrocarburos

Las petroleras deberán pagar 120 millones de dólares a Bolivia

El dinero servirá para que la empresa estatal asuma el control de la cadena productiva del sector

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efe | la paz

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Las principales compañías petroleras que operan en Bolivia deberán pagar 120 millones de dólares por los primeros cuatro meses de vigencia del nuevo tributo fijado en la nacionalización de los hidrocarburos, informó ayer el Gobierno boliviano. El ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, explicó que esa cantidad de recursos será utilizada por la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para asumir el control de la cadena productiva del sector. El tributo fijado en el decreto nacionalizador del 1 de mayo pasado es una participación del 32 por ciento que debe recibir YPFB de las multinacionales Repsol YPF (hispano-argentina), Petrobras (brasileña) y TotalFinaElf (francesa) por ser socias en los grandes yacimientos de gas del sur del país. Esos campos son San Alberto y San Antonio, donde se produce el 70 por ciento del gas natural vendido a Brasil. Las compañías, además, deben pagar un 32 por ciento del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH) y un 18 por ciento de regalía o derecho de explotación como las otras empresas del sector. El decreto nacionalizador también determina que todas las firmas entreguen a YPFB el valor de toda su producción, para que sea ésta la que, tras descontar todos los tributos del Estado, les devuelva el 18 por ciento restante. No obstante, esta última medida aún no está vigente debido a la debilidad institucional de la petrolera boliviana, para la que inicialmente el Gobierno pidió un préstamo de 180 millones de dólares del Banco Central. La petrolera boliviana afronta denuncias por haber violado supuestamente el decreto de nacionalización y por el presunto tráfico de influencias en la contratación de auditorías a las multinacionales. Las negociaciones con las petroleras para que acepten las nuevas reglas del Gobierno y la firma de nuevos contratos han estado estancadas hasta ahora, pero el Ejecutivo confía en que estarán concluidas a fines de octubre, cuando vence el plazo otorgado por el decreto.

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