Anticorrupción pide seis años a Botín por delitos contra la hacienda pública
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hasta seis años de prisión para el presidente del Grupo Santander, Emilio Botín, y varios altos directivos del banco por la cesión irregular de un 1% de Banesto al equipo que gestionó la entidad después de ser intervenida por el Banco de España. El ministerio público les acusa de delitos de apropiación indebida y de fraude fiscal, por una cuantía cercana a los 11,8 millones de euros. A instancias de Botín, el comité ejecutivo del Santander aprobó en 1994 la venta de 6,1 millones de títulos de Banesto a los trece directivos que reflotaron la entidad, encabezados por Alfredo Sáenz, actual consejero delegado del grupo. La compraventa de los títulos se hizo en un precio y con unas condiciones de financiación muy ventajosas para los sustitutos del equipo de Mario Conde (400 pesetas, frente a las 848 que valía entonces cada participación en Bolsa). La operación, según los fiscales, se articuló de tal manera que ni el banco ni sus beneficiarios cumplieron con su obligaciones fiscales con Hacienda entre 1994 y 1998. Además, sostienen que el Santander se ocupó de cubrir la mayor parte de la financiación y que utilizó al Bank of America como entidad pantalla para encubrirlo. Estos detalles de la transacción se ocultaron a los organismos supervisores (Banco de España y Hacienda), al consejo de administración y a los accionistas Junto a Botín, están acusados los integrantes del comité ejecutivo del Santander que aprobó la cesión. Se trata de los entonces director financiero, Matías Rodríguez Inciarte, y consejero delegado, Rodrigo Echenique, más José Luis Díaz Fernández, Rafael Alonso Botín, Juan Secades e Ignacio Benjumea. Anticorrupción también inculpa al director de recursos humanos, José María Espí, y al secretario del consejo de Banesto, Juan Carlos Rodríguez Cantarero, como colaboradores. Multas La Fiscalía propone dos tipos de penas en función del Código Penal que se aplique, el de 1973 o el reformado de 1995, ya que los supuestos delitos se produjeron entre 1994 y 1998. Según el primero, juzga que les correspondería una pena de cárcel de cinco años y una multa de 4,3 millones de euros, mientras que con el segundo estima que la pena debería ser de seis años y 40 millones. Asimismo, pide el pago conjunto de otros 9,8 o 13 millones, más los intereses de demora, como indemnización a Hacienda.