Las empresas de recolocación se abren paso en la legislación vigente

El Servicio Público de Empleo (SPE) -el antiguo Inem- es un fracaso para casar ofertas y demandas de trabajo. Informes oficiales y numerosos expertos constatan que el canal más eficaz para encontrar un empleo es el de los contactos personales. Es decir, que si alguien tiene prisa por colocarse no resulta útil acudir al citado organismo. Este panorama abre el camino a la regulación de las empresas privadas de recolocación, cuya actividad, además, estaría enfocada a reducir la duración de las prestaciones de desempleo lo que permitiría un ahorro de varios millones de euros. Por un lado, el Gobierno baraja introducir la iniciativa privada en la intermediación laboral, según ha asumido en reiteradas ocasiones. Por otro, CiU desea llevar el debate y la regulación al Parlamento y así lo ha solicitado, como enmienda parcial a la reforma laboral de julio de 2006. Además, la empresa Creade, especialista en la búsqueda de trabajo, ha presentado un borrador para que se debata en el grupo tripartido (Ministerio de Trabajo, empresarios y sindicatos) constituido a raíz de la mencionada reforma. La recolocación es una actividad singular, consistente en un conjunto de medidas que, aplicadas por personal especializado, busca reincorporar al mercado laboral a los trabajadores que han perdido involuntariamente su empleo o que se hallan en situación de paro. Los procedimientos utilizados en los programas de recolocación de las empresas privadas ayudan al desempleado a encontrar un nuevo puesto, lo más adecuado a su perfil, aspiraciones y expectativas profesionales, en el menor tiempo posible. Planes de reinserción El proyecto de Creade está en línea con el texto del Plan de Acompañamiento Social, norma de 1996, que recoge que la Administración Laboral podrá exigir planes de reinserción a empresas de más de 50 trabajadores, limite que baja a sociedades con plantillas de 30 personas. El borrador establece que la contratación de un programa de recolocación sea obligatoria para la empresa que presenta los excedentes y voluntaria para el trabajador. La tutela de los procesos estará en manos de esa Administración Laboral. Financiación Los autores de la propuesta mantienen que la regulación debe hacer atractiva la recolocación tanto para los empleadores como para los empleados. Así, apuestan porque en términos generales, la empresa que contrate el programa corra con su financiación. A cambio obtendrá una bonificación sobre la cuota de desempleo en función de los resultados de la recolocación.