Industria busca alternativas para no cerrar las centrales nucleares

El compromiso del presidente del Gobierno de que la energía nuclear pierda peso en la generación de electricidad se está cumpliendo, pero puede acarrear serios problemas de suministro en el futuro. Así lo teme el Ministerio de Industria, que admite que será «difícil» prescindir de las centrales nucleares y busca alternativas que hagan compatible la oposición de José Luís Rodríguez Zapatero con las necesidades energéticas del país. El departamento baraja, entre otras medidas, la posibilidad de alargar a medio plazo la vida útil de algunas de las instalaciones más modernas y con mayor capacidad de producción. La impopularidad de este tipo de posicionamientos ha llevado a los altos cargos del Ministerio a ser prudentes, pero no dejan de dar pistas sobre sus opiniones. En su primera comparecencia en el Congreso, el secretario general de la Energía, Ignasi Nieto, recordó que alrededor del 20% de la electricidad todavía se produce con energía nuclear, con lo que, «si realmente al final se decide cerrar las centrales a los 40 años», habrá que sustituir sus 7.700 megavatios de potencia instalada por 16.000 megavatios de ciclos combinados, que queman gas natural. Este cambio, añadió, será técnicamente complejo, incrementará la ya de por si muy elevada dependencia energética del exterior y provocará un aumento de las emisiones contaminantes. En la actualidad hay dos centrales en desmantelamiento (Zorita y Vandellós 1) y otras seis operativas, dos de ellas con dos reactores. Son Ascó (1.032 Mw y 1.027 Mw), Almaraz (977 Mw y 980 Mw), Cofrentes (1.095 Mw), Vandellós 2 (1.087 Mw), Trillo (1.066 Mw) y Garoña (466 Mw). Ésta última cumplirá 40 años en el 2011, pero el resto no lo hará hasta la década de los veinte, por lo que el Ministerio y el sector estiman que todavía hay margen para tomar decisiones. Industria valora particularmente que la nuclear aporta seguridad al suministro eléctrico, gracias a que precisa de pocas interrupciones en su funcionamiento y no presenta problemas de abastecimiento de combustible (uranio). Además, tiene un precio bajo, lo que permite que la tarifa no se dispare, y no emite gases de efecto invernadero, lo que facilita cumplir los compromisos medioambientales de Kyoto. Su gran handicap es la radioactividad de los residuos, para la que no se ha encontrado solución más allá de los almacenamientos subterráneos. Treinta años El Ministerio es consciente que cualquier posicionamiento abiertamente pronuclear que adopte habrá de pasar por el filtro de La Moncloa y provocará el rechazo de otros departamentos, como el de Medio Ambiente. «El presidente del Gobierno se parece a los españoles: es antinuclear», justificó hace unos días Rosario Velasco, diputada socialista especializada en temas energéticos. Es por ello, según sostuvo, que Industria ha decidido aplazar cualquier decisión a un estudio que está elaborando sobre la prospectiva energética española hasta el 2030. «No se puede gobernar contra la sociedad», justificó. El futuro de las centrales estará condicionado a la evolución tecnológica de las renovables y al incremento de las interconexiones con Francia y el norte de África. Velasco explicó en una conferencia organizada por la escuela de ingenieros de minas que el Gobierno está trabajando con el Consejo de Seguridad Nuclear para que «se sienta segura» la población. A su juicio, una vez logrado este objetivo será posible trabajar para que «cambie la opinión de los ciudadanos». En esta labor el Ejecutivo contará con el apoyo de organizaciones como las Cámaras de Comercio, la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CC.OO., que se han manifestado favorables a la nuclear. Y puede que también del PP, entre cuyos miembros esta energía cuenta con más partidarios que en el PSOE, pese a que algunos socialistas, como el ex presidente Felipe González, también se han declarado favorables. Lo que no deja de ser significativo, señalan en el sector, porque fue el líder del Ejecutivo con quien comenzó la moratoria nuclear.