Al ministro de Industria no le «acaba de gustar» la posible fusión de Iberdrola y Unión Fenosa. Joan Clos justificó este lunes su oposición en que la empresa resultante tendría una cuota superior al 40% en el mercado eléctrico, lo que iría en contra del incremento de la competencia que trata de impulsar en el sector. El mensaje tiene un calado especial, ya que lo lanzó en un almuerzo en el que compartía mesa con los presidentes de las dos eléctricas, Ignacio Galán y Pedro López Jiménez, y el máximo mandatario de ACS, Florentino Pérez. La constructora es la máxima accionista de las dos compañías, posición desde la que trata de impulsar su unión. El Gobierno ya no defiende con tanta contundencia como hace unos meses la creación de grandes empresas energéticas españolas. En el acto organizado por Forum Nueva Economía, Clos afirmó que ése es un asunto al que no se le puede dar respuesta del tipo «blanco o negro». Así, reconoció que le «gustaría» contar con compañías fuertes, pero precisó que es necesario perseverar en la integración energética europea para que las empresas presten un servicio «bueno y barato». Lo que el mercado decida En esta línea, el ministro sostuvo que el Ejecutivo ya no opina sobre si es conveniente que E.On se haga con Endesa. Dejó el futuro de la eléctrica que preside Manuel Pizarro en manos de lo que el mercado y las empresas «crean más oportuno». Pero también quiso lanzar un mensaje optimista y se mostró convencido de que
empresario sabrá resistir la fuerte competencia exterior para convertirse en un operador importante a nivel global. Ningún miembro del Gobierno se había expresado de forma tan contundente en contra de la fusión de la segunda y la tercera eléctricas nacionales. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, insinúo en un primer momento que su departamento podría estudiar algún cambio normativo que facilitase la integración, posibilidad que fue pronto descartada. Con el sistema actual, la operación resulta prácticamente imposible por sus efectos sobre la competencia. La última fusión en el sector es la que dio lugar a Iberdrola hace más de veinte años. La Comisión Europea (CE) denunció a España ante el Tribunal de Justicia de la UE al considerar que el régimen fiscal de los pagos de dividendos a sociedades no residentes (dividendos salientes) no respeta la normativa comunitaria, según anunció ayer en un comunicado. Según explicó la CE, la normativa tributaria de España los dividendos salientes pueden ser objeto de una imposición mayor que los dividendos pagados a sociedades residentes, lo que va en contra de los principios de libre circulación de capitales y libertad de establecimiento. Además de a España, el Ejecutivo comunitario denunció a Italia, Bélgica, Holanda y Portugal por el mismo motivo. En un comunicado el comisario europeo de Fiscalidad, László Kovács, señaló que los países de la UE «no pueden aplicar a los dividendos pagados a sociedades de otros Estados miembros un gravamen superior al que aplican a los dividendos satisfechos a sus propias sociedades». La CE explica que la legislación de los citados países permite que lo dividendos cobrados entre sociedades residentes paguen un gravamen muy reducido, o ninguno, mientras que los dividendos salientes están sujetos a una retención a cuenta de entre el 5 y el 25%. Recordó que envió un dictamen motivado (segundo paso de procedimiento de infracción) a los cinco países en julio de 2006 instándoles a modificar su legislación. La Comisión explicó que, en una sentencia previa de diciembre del 2006 (caso Denkavit), el Tribunal de Justicia europeo corroboró el principio de que el gravamen aplicado en el Estado de origen (el de establecimiento de la filial) a los dividendos salientes no puede ser más elevado que el aplicado a los dividendos entre sociedades residentes.