Bruselas denuncia a España por blindar la opa de E.On sobre Endesa

Tal y como había anunciado, el Ejecutivo comunitario acordó ayer demandar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por considerar contrario a las normas del mercado interior comunitario el real decreto ley que amplía las competencias de la Comisión Nacional de la Energía. Esa ley fue promulgada en febrero del año pasado, y el Gobierno pretendía con ella poner ciertas condiciones a la opa que la alemana E.On acababa de lanzar sobre la eléctrica madrileña Endesa. La Comisión considera que «determinadas disposiciones» de la ley que amplía las competencias del organismo regulador del gas y la electricidad en España «constituyen restricciones injustificadas a la libre circulación de capitales y al derecho de establecimiento» de empresas que suponen una infracción de las normas de la UE». En concreto, Bruselas recuer-da que el Real Decreto deja sujeto a un procedimiento de autorización administrativa especial los casos de operaciones que supongan la adquisición de más de un 10% del capital de una empresa estratégica en el sector del gas y de la electricidad, lo que a su juicio «excede de lo necesario para garantizar el suministro mínimo de productos y servicios energéticos esenciales, y pueden resultar disuasorios para las inversiones procedentes de otros estados miembros». Condiciones Gracias a esa norma, España pudo imponer varias condi-ciones a la opa de E.On -sobre la que el Gobierno alemán aún conserva una acción de oro- sobre Endesa, que quedaría sujeta, entre otros, al compromiso de la eléctrica alemana de no vender activos de la firma española en Canarias, Baleares y Ceuta y Melilla; a garantizar el suministro en España; a conservar la marca Endesa durante al menos cinco años y a seguir alimentando sus centrales térmicas con carbón de producción nacional. A pesar de que E.On ya ha aceptado esas condiciones, Bruselas estima que España «podría haber atendido a los intereses públicos con otras disposiciones menos restrictivas», según un aseguró ayer el Ejecutivo comunitario en un comunicado. No se ofrecen alternativas Por su parte, el portavoz de Mercado Interior, Oliver Drewes, eludió desgranar qué otras alternativas le quedaban a España para defender sus intereses: «Nuestro papel no es decirle a las empresas ni a los gobiernos qué deben o no deben hacer, nos limitamos a vigilar que no haya infracciones a la ley comunitaria, y, si las hay, denunciarlas. Dentro de los límites de esa legislación cada país es libre de hacer lo que estime conveniente», añadió. Por su parte, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, reiteró su apuesta por la presencia de capital español en Endesa, pero reconoció que la decisión está únicamente en manos de sus accionistas.