Bruselas acusa a España de cargar al usuario la energía de la industria

La Comisión Europea acusó ayer al Gobierno español de pretender cargar en la factura eléctrica de los pequeños con-sumidores las pérdidas que ocasionan los bajos precios de la energía establecidos por ley para las grandes industrias, que se benefician de una regu-lación «artificialmente baja» de sus tarifas. Así se desprende de la investi-gación que Bruselas ha abierto para esclarecer si España otor-gó ayudas ilegales a las media-nas y grandes compañías a las que rebajó la factura eléctrica en el 2005, una decisión que, a juicio de los expertos comuni-tarios, pudo provocar un déficit tarifario -la diferencia entre los costes de producción de la energía y los ingresos por su venta- de cerca de 3.800 millones de euros. «Cabe la posibilidad de que estas tarifas reguladas hayan supuesto cantidades impor-tantes en forma de ayudas de Estado a dichas empresas», se-ñaló ayer en un comunicado el departamento de Competencia, que dirige la comisaria holan-desa Neelie Kroes. Factura doméstica Según las tesis de Bruselas, el Gobierno español pretende que sean los usuarios particulares los que tapen ahora ese agujero, aumentando progresivamente la factura eléctrica doméstica durante los próximos catorce años. Además, asegura que el sistema puede haber reportado beneficios extra ilegales a las compañías eléctricas, que ha-brían recibido compensaciones anómalas del Estado español a cambio de aceptar límites a los precios de la energía que suministran a las grandes in-dustrias. Falseamiento «Aunque algunos sectores industriales de Europa están pasando momentos difíciles debido a los elevados precios de la energía, debemos evitar los falseamientos de la compe-tencia que impiden a los consu-midores aprovechar al máximo las ventajas de un mercado energético liberalizado», justi-ficó ayer la comisaria Kroes, ca-beza visible de los principales enfrentamientos que mantiene España con Bruselas en materia energética. De hecho, tal y como recono-ció ayer el portavoz de Kroes, Jonathan Todd, hay más países europeos con sistemas de pre-cios industriales similares al español, aunque de momento sólo se haya abierto expediente a España. Todd aseguró que la inves-tigación durará alrededor de seis meses, y advirtió que si se demuestra que las tarifas reguladas han escondido en España un sistema de ayudas de estado contrario a las normas europeas de competencia, las empresas beneficiadas tendrán que devolver ese dinero. El Ministerio de Industria negó ayer todas las acusacio-nes en un comunicado en el que sostiene que el sistema de tarifas reducidas para los gran-des consumidores industriales de energía «es objetivo y no discriminatorio», y en el que niega que sean los pequeños consumidores los que vayan a cargar con los 3.800 millones de déficit, porque, afirma, las empresas eléctricas ya lo han asumido.