El Gobierno propone «dignificar» el trabajo del servicio doméstico Tres clases de cuidadores

Desde hace meses el Gobierno perfila la reforma del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar, que piensa llevar a cabo en la presente legislatura. Entre las medidas que defiende figura subir la protección pública al colectivo que se encarga del empleo doméstico para «dignificar su actividad». También aprovechará los cambios para corregir otras disfunciones observadas en este Régimen Especial, como el alto coste que para el Estado suponen las pensiones de sus afiliados y su carácter «transitorio». La reforma está comprometida en el último acuerdo de pensiones (mayo del 2006). Las variaciones irán vinculado a la puesta en marcha de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y serán muy flexibles para abarcar todas las peculiaridades que surjan. Las líneas generales del plan del Gobierno figuran en un documento a presentar en breve a las patronales Ceoe y Cepyme y a los sindicatos CC.OO. y UGT. El secretario de Estado, Octavio Granado, explicó que los cuidadores profesionales, con conocimientos y demostrada cualificación, amparados por la nueva norma, quedarán afiliados al Régimen General, mientras que la figura de la «asistenta doméstica» permanecerá en el Especial, pero bajo unas reglas modernizadas. Lamentó que ahora la protección para los empleados de hogar sea escasa. Resaltó que la regulación del Régimen Especial data de 1985. «Si bien, en su día la introducción de unas condiciones concretas de trabajo supuso una revolución, ahora se encuentran obsoletas», dijo. En su opinión, es inadmisible que quienes «cuidan a nuestros allegados, mayores o niños, estén a la cola de la protección social» y «sean los trabajadores peor pagados». «Hay que hacer un esfuerzo entre todos», añadió. Ayuda de la Administración Una posibilidad es que los empleados sin cualificación se integren en empresas de servicios domésticos, cooperativas, fundaciones u organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro. «Desde luego -continuó- la situación mas desfavorable para el trabajador es la actual. Es el mantenimiento de esa relación individual», y para evitar que este tipo de contratación se encarezca demasiado, la administración podría prestar alguna ayuda. Junto con la mejora de la protección social, el proyecto también encierra afrontar el coste de las pensiones de los empleados domésticos que son las que más cuestan al sistema. En el Régimen Especial, más de cinco de cada diez afiliados no cotizaron lo suficiente para acceder a la prestación mínima y, en consecuencia, necesitan la colaboración del Estado, conocida como «complementos de mínimos». Otro problema consiste en que se trata de un régimen «tránsito», utilizado por los inmigrantes para acceder al mercado laboral español. Pasado un periodo de tiempo, que nunca suele ser largo, estos extranjeros 'saltan' a otro régimen donde la protección es más elevada. Granado aseguró que «estamos hablando de unas 70.000 personas al año». El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, informó que los últimos estudios sobre la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia apuntan que su puesta en marcha precisa tres tipos de trabajadores. Por un lado, el cuidador contratado por el propio dependiente, previo cheque entregado por la Administración ante la ausencia de otras opciones, como falta de centros de día, residencias, etc. Por otro, el cuidador necesario solo por unas horas para que el dependiente desarrolle una vida normal. Este supuesto se da, por ejemplo, en el caso de una persona sorda que desea ir a la universidad y necesita a alguien que le interprete las exposiciones de los profesores. Y, por último, el cuidador familiar, que estará subvencionado por la Administración.