Anticorrupción cita a Villalonga como imputado por planear la quiebra de Sintel
La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado que el ex presidente de Telefónica y amigo personal de José María Aznar, Juan Villalonga, declare junto a otras nueve personas como imputados en el caso Sintel, por considerar que planearon «conscientemente» las operaciones que llevaron a la insolvencia «irreversible» de esta empresa. En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que instruye el caso, el fiscal eleva así a diecinueve personas las que considera deben ser imputadas en el proceso que llevó a la citada insolvencia, desde la venta de Sintel por parte de Telefónica en abril de 1996 hasta su quiebra patrimonial en el 2001. El fiscal reclama de esta forma que figuren como imputados, además de Villalonga, el entonces secretario general de Telefónica, José María Más Millet y otros altos cargos de la empresa como el vicesecretario general o el apoderado, así como los miembros del consejo de administración de Sintel y los gestores de Mas Tec International, la empresa a la que se vendió, propiedad de la familia Más Canosa. 1.800 empleos perdidos En este caso ya han declarado como imputados el también ex presidente de Telefónica Cándido Velázquez, durante cuyo mandato se vendió Sintel, así como el secretario general del Consejo que éste presidía, Heliodoro Alcaraz. Según la Fiscalía Anticorrupción, cuatro hechos de «especial relevancia» llevaron a la quiebra de Sintel, con la consecuente pérdida de empleo de sus 1.800 trabajadores. En primer lugar, la venta de Sintel a Mas Tec Incorporated. Después, en diciembre de 1998, se celebra un contrato de reconocimiento de deuda por parte de Telefónica y Mas Tec, por el cual se utilizaba a la propia Sintel como aval para pagar su compra. El tercer hecho relevante es la transmisión de la mayor parte de las acciones de Mas Tec International a cinco sociedades, cuatro de ellas domiciliadas en las Islas Vírgenes, cuyos administradores también figuran como imputados. Finalmente, el fiscal destaca el hecho de que las filiales de Sintel de cuatro países sudamericanos se transmitieron también a esas sociedades.