El Gobierno deja que cada región regule las inversiones en tangibles

El Gobierno permitirá que cada autonomía, incluidas Ceuta y Melilla, regule de forma distinta -vía reglamento- las polémicas inversiones en bienes tangibles (sellos, obras de arte, antigüedades, árboles e incluso animales), si bien dentro de un marco general de alcance estatal que, según las asociaciones de consumidores, no es todo lo estricto que se podía esperar tras el escándalo que saltó la primavera pasada con la intervención judicial de las sociedades Fórum Filatélico y Afinsa. A las comunidades gobernadas por el PP no les ha gustado esta actitud del Ejecutivo y le acusaron de «eludir su responsabilidad». La conferencia sectorial de consumo sirvió de marco para las críticas del PP, ya que a sus consejeros regionales no pareció convencerles las explicaciones dadas por la ministra Elena Salgado, quien les recordó que la única normativa vigente sobre el sector transfiere su control a las administraciones territoriales por tratarse de «productos de consumo». La respuesta de comunidades como la madrileña (donde tienen sus sedes principales Afinsa y Fórum) fue que el Gobierno central rehuyó sus competencias en este caso, al no desarrollar el reglamento de dicha norma y mantener así «un vacío legal pernicioso». Las autonomías gestionadas por el PP también criticaron que la reforma legal del Ministerio no detalle más las conductas prohibidas en el sector de bienes tangibles (se dice que su información y publicidad deberán ser «veraces» y advertir «expresamente» que estos productos «no tienen garantizado un valor de mercado»), ni tampoco las futuras sanciones a las sociedades que se salgan de esos límites. De esta forma, una misma empresa podría llegar a hacer en una comunidad cosas vetadas en otra -más allá de los parámetros generales del anteproyecto- o, por el contrario, merecer una fuerte multa por hechos que en otra región se saldarían con una penalización mínima. Publicidad clara del producto La titular de Sanidad y Consumo, a su vez, responsabilizó a los dirigentes autonómicos del resultado de sus regulaciones respectivas, a fin de que «no se aparten del espíritu que ha inspirado la futura ley estatal». Este texto, según el PP, está «envenenado» porque considera que no despeja las dudas sobre si las operaciones con bienes tangibles son financieras o mercantiles. Sin embargo, en el apartado del texto legal que regula la publicidad de estas empresas, se advierte que habrán de «dejar muy claro al consumidor que la naturaleza de estos (productos) no es financiera» y, por tanto, no podrán usar expresiones como inversión, ahorro o rentabilidad. La previsión gubernamental es que a finales de mes el Consejo de Ministros aprobará, ya como proyecto de ley y tras estudiar las alegaciones de cada comunidad, la nueva regulación de las inversiones en bienes tangibles. Después irá al Parlamento, donde se iniciará el trámite de enmiendas y se podrían introducir más cambios, algunos obligados ya que en este asunto el PSOE no cuenta con apoyos sólidos. Sí los tuvo -salvo del PP- para no crear un fondo específico que compense a los 450.000 afectados de Fórum y Afinsa, o para negarse a abrir una comisión de investigación parlamentaria, pero los nacionalistas vascos, catalanes, canarios y gallegos se oponen a que el sector quede fuera de la regulación del ámbito financiero. PNV, CiU, ERC, CC y BNG quieren que esas empresas sean controladas por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Dirección General del Tesoro u otros organismos reguladores estatales al «asumir pactos de recompra de bienes, con o sin promesa de revalorización» (como recoge la nueva ley), de modo que el interés deje de estar en el propio bien y se traslade a la futurible rentabilidad a obtener. Algunas formaciones políticas quieren incluso que se derogue la norma que transfiere a las autoridades de consumo las competencia sobre el sector de los bienes tangibles, y recuerdan que la justicia lo considera «un negocio financiero más, como las entidades de ahorro».