La ley obligará a identificar a los dueños del suelo recalificado como edificable

Los ayuntamientos harán públicos los nombres quienes en los últimos cinco años hayan sido propietarios -o titulares de derechos reales- de aquellos suelos que se recalifiquen o aumenten su edificabilidad (la construcción, por ejemplo, de más plantas en un piso). Así lo pactaron ayer todos los grupos parlamentarios salvo el del Partido Popular en la votación en Comisión del dictamen de la nueva Ley de Suelo. El texto, al que se incorporaron numerosas enmiendas transaccionales, prevé elevar del 25% planteado en un principio por el Gobierno al 30% el porcentaje de terrenos a reservar para viviendas de protección oficial (VPO) en cada nuevo desarrollo. El consenso alcanzado indica que el proyecto superará sin problemas el trámite de votación en el pleno del Congreso, que se llevará a cabo en las próximas semanas. La norma, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, se ha convertido en un arma electoral en la lucha contra la corrupción. Aunque su promotora, la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, la presentó en origen como un acicate de la VPO, el calendario electoral la ha convertido en el escaparate de los partidos en su lucha contra la especulación. La vigilancia se concreta en varias enmiendas. Entre éstas, las que obligan a los concejales a declarar cualquier causa sobre posibles incompatibilidades y a señalar cualquier actividad que les pueda generar ingresos.