La división accionarial amenaza con bloquear el futuro de Endesa

El bloqueo amenaza el futuro de Endesa. El escenario que se planteará a primeros de abril, cuando concluya la opa de E.On, será, en el mejor de los casos, un accionariado dividido entre la participación que obtenga la alemana, y las cuotas de la española Acciona y la italiana Enel. Las dos últimas aspiran y pueden llegar sin mayores dificultades al 24,9% cada una, elevarán su cuota hasta rozar el 30% cuando lo permita la reforma de la ley de opas y exigen participar de la gestión de la eléctrica. Sumado el 2,9% de la Sepi, el margen de maniobra de E.On se queda en mínimos, limitado al apoyo de los actuales administradores de Endesa, y eso mientras persistan los blindajes estatutarios. Acciona pedirá estar presente en el consejo. Aunque quedaban pocas dudas, Enel ha expresado similares intenciones al comunicar su actuación al regulador bursátil norteamericano. Por el momento, en su contra juegan las restricciones estatutarias que inicialmente quiso suprimir E.On, y que ahora se mantienen. No podrá ser consejero de Endesa quien desempeñe «cargos o funciones de representación, dirección o asesoramiento en empresas competidoras». Acciona tiene fuerte implantación en el negocio de renovables y Enel es dueña de la española Viesgo. El grupo constructor tiene en su mano solicitar que se convoque de nuevo a los accionistas para que voten la supresión de esta limitación. Podría aprovechar la iniciativa y plantear, además, la eliminación del tope de voto en el 10%. Mientras tanto, Enel -que tiene limitados los derechos políticos al 3%- irá despejando el camino al reconocimiento de su participación. Si el regulador de la energía excluye a Viesgo de la lista de operadores principales de este mercado, la italiana sólo tendrá que someterse a los exámenes de la propia CNE para que se le reconozca la parte de su participación que supera el 10% en el capital de una empresa que desempeña actividades reguladas. La opción de E.On Convocar una nueva junta extraordinaria de accionistas llevará su tiempo, porque la ley establece un plazo de 30 días. Es el periodo de que dispondría E.On como eventual primer accionista de la eléctrica para aglutinar voluntades. El problema reside en conciliar intereses dispares en el estrecho marco que permiten las leyes. Al término de una opa, su promotor no puede comprar acciones durante los siguientes seis meses, y tiene limitadas posteriores adquisiciones a un 6% anual. Cuando la reforma en curso entre en vigor, ese porcentaje quedará reducido al 5%. La ventaja de que disfruta E.On reside en que sus competidores podrán llegar a poseer casi un 30%, pero si quieren pasar de ese nivel tendrán que lanzar una oferta sobre la totalidad del capital. Los pactos parasociales a espaldas del mercado tampoco están permitidos. El entendimiento entre los accionistas de referencia tendrá que hacerse con luz y taquígrafos, ya sea para garantizar la buena gestión de la compañía o para plantear soluciones a posibles conflictos. La experiencia revela que una compañía participada por socios con intereses confrontados resulta ingobernable.