La construcción advierte que el Gobierno «debe» 5.000 millones en inversiones

Las grandes constructoras quieren participar en mayor medida en la financiación de obra pública. Así lo recordó recientemente el presidente de la patronal del sector (Seopan), Enrique Aldama, quien subrayó que aunque la ejecución del Plan de Infraestructuras (Peit) avanza a muy buen ritmo, desde el 2005 se han dejado de utilizar 4.918 millones de euros que los operadores privados contaban con aportar. La organización reclamó más celeridad en las adjudicaciones, sobre todo en autovías y proyectos del Plan Agua, y más concesiones. Según los cálculos de Seopan, el sector público ha invertido en los últimos tres años en el Peit 34.000 millones de euros sobre una estimación inicial de 29.458 mientras la colaboración público-privada sólo ha financiado 11.000 de los 15.854 millones esperados, lo que supone un grado de ejecución del 69%. Aunque la ejecución total roza el 100%, las grandes constructoras quieren más parte del pastel . Fin del dinero europeo Recuerdan que a partir del 2008 desaparecerán los fondos europeos que han servido para pagar gran parte de las carreteras y los ferrocarriles que disfrutan hoy los españoles. A esto, suman la advertencia de que la licitación acostumbra a caer en picado justo antes y después de cualquier periodo electoral (los comicios municipales y autonómicos se celebrarán el 27 de mayo). Así las cosas, explicó Aldama, si el Gobierno quiere mantener la fortaleza del superávit de las cuentas públicas debería contar con la iniciativa privada. Más concesiones Otra de las demandas de la patronal se refiere el bajo porcentaje de concesiones de obra directa respecto al conjunto de las licitaciones. Un ratio que el año pasado se situó en el 9,5% (77 proyectos concesionales, por un valor de 4.414 millones de euros) frente al 17,8% de 2005 o el 21,2% del 2003. Enel 2004, año electoral, el nivel se quedó en un exiguo 8,8%. Para Aldama, la proporción óptima es el 20%. Prueba de la escasa actividad concesional la da el hecho de que el pasado ejercicio las comunidades autónomas licitaron 26 de estos proyectos por valor de 2.353 millones, más del doble que la administración central, que se quedó 958 millones en 8 obras.