Pizarro y Blesa, descolocados por elpacto de Endesa, sopesan dar batalla

Descolocados por el acuerdo entre E.On, Acciona y Enel sobre Endesa, los gestores de la eléctrica española y el presidente de Caja Madrid -dueña del 9,93% de la compañía que lidera Manuel Pizarro- estudian estos días, desde posiciones cada vez más complicadas, la estrategia a seguir. Los actuales administradores de Endesa analizan si les conviene poner el contador a cero y emprender otra batalla contra un nuevo enemigo. Sobre el papel, entre la batería de medidas «posibles» figuran desde el lanzamiento de una opa contra Enel -de difícil éxito, porque el Gobierno italiano tiene derecho de veto- hasta una nueva pugna jurídica, esta vez contra la alianza hispano-italiana y con limitadas posibilidades de encontrar otro caballero blanco como refuerzo. La hipótesis de una opa defensiva de Endesa sobre Enel la ha dado a conocer el diario milanés Finanza e Mercati . Tras reconocer que la acción de oro del Tesoro italiano sobre Enel puede constituir un obstáculo, recuerda que el plazo para tal iniciativa es corto, el periodo en que los gestores de la eléctrica española se verán liberados del deber de pasividad, entre la constatación del fracaso de la opa de E.On -11 de abril- y la presentación del folleto de la que lanzará la alianza Enel-Acciona, prevista para el 16 del mismo mes. Para hacerse con un 70% de Enel se necesitan unos 45.000 millones de euros, recuerda. Si el equipo de Pizarro opta por acudir a los tribunales, argumentos de denuncia no le faltan. Podría defender, como E.On vino haciendo, que Enel y Acciona entraron en la eléctrica por la puerta falsa, porque compraron participaciones al tiempo que negaban su intención de lanzar una opa. En apoyo de sus acusaciones, los administradores de Endesa aportarían tanto las declaraciones de Wulf Bernotat, presidente de E.On, para quien la actuación de estos aliados fue ilegal, como el muy controvertido anuncio de dimisión del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Manuel Conthe, que se quedó solo en la dirección del organismo supervisor en su propuesta de sancionar a Enel y Acciona por irregularidades. Pero E.On ha optado por desmarcarse de las denuncias, para «salvar los muebles» y con el objetivo de hacerse al menos con una pequeña cuota en el mercado español. Y aunque Conthe quiere explicarse en el Congreso, se precipitó en su petición, y no es seguro que lo consiga a tiempo ni que sus manifestaciones puedan servir de soporte a una nueva estrategia defensiva de los actuales gestores de Endesa. Nueva paralización Si Manuel Pizarro y los administradores de la eléctrica optan por una nueva ofensiva jurídica, corren el riesgo de que se vuelvan finalmente en su contra los inversores particulares de la compañía a los que tienen a gala defender. En el caso de que alguna instancia decidiera una nueva paralización, los pequeños propietarios que todavía no han vendido se verían perjudicados por un eventual declive de las acciones o por nuevas esperas frente a plazos impredecibles. El embrollo de las opas tiene ahora un calendario aproximado: el 11 de abril se confirmará que la oferta de E.On no supera el 50% de aceptación, a lo que seguirá la retirada de su opa, cuya liquidación estaba prevista para el 16 de este mes. Enel y Acciona, ya libres de la imposición de una «cuarentena», pretenden presentar el folleto de su oferta en la segunda mitad de abril. Entonces se conocerán el precio y las condiciones -41 euros por título como mínimo- y el consejo de Endesa va a tener que manifestarse de nuevo. Los administradores de la eléctrica tienen en su mano, por otra parte, diversos recursos de carácter administrativo. Entre ellos, las alegaciones al Gobierno para oponerse a que Enel pueda ejercitar los derechos políticos que le corresponden por la totalidad de su participación. El Consejo de Ministros es quien debe decidir si levanta a la empresa italiana las restricciones de voto, limitadas al 3%, por estar bajo control del Estado italiano. Indemnización multimillonaria Hay precedentes de exención como la propia venta de Viesgo a Enel, o la de Hidrocantábrico a EDP, y las censuras de Bruselas a esta discriminación, que el Gabinete no dudará en invocar. Pero si, finalmente, Manuel Pizarro y su equipo optan por plegar velas y facilitar la entrada de unos nuevos propietarios que, con toda probabilidad, prescindirán de sus servicios, podrán cobrar las multimillonarias indemnizaciones previstas en los estatutos. Presidente y consejero delegado percibirán ocho y nueve millones de euros, respectivamente, más sendas anualidades adicionales, a cambio de no trabajar en empresas de la competencia por un plazo de dos años.