El Gobierno prevé gastar 152.400 millones en el 2008, un 6,6% más

Los Presupuestos Generales del Estado para el 2008 tendrán un marcado carácter continuista, hasta el punto de que en el Gobierno admiten que tendrán cierto carácter de transición para cerrar la presente legislatura, a la que le resta un año de vida. El Ministerio de Economía y Hacienda ya ha empezado a trabajar en el próximo proyecto de cuentas públicas que, a diferencia de los ejercicios anteriores, tendrán un gasto menos expansivo, cuyo techo -que será sometido a la aprobación del Parlamento en junio- no superará los 152.400 millones de euros, con un aumento interanual del 6,6%. Esa es precisamente la tasa de crecimiento que se prevé registre el Producto Interior Bruto (PIB) el año próximo, y en el departamento que dirige Pedro Solbes pretenden que, «como criterio general», esos gastos no crezcan más de lo que hará la economía real (incluido el dato de inflación). Ello supondrá un cierto efecto de contención para lograr que el Estado registre un nuevo superávit casi histórico (en el 2006 alcanzó los 17.900 millones de euros, equivalentes al 1,83% del Producto Interior Bruto, y para el presente ejercicio se espera un saldo incluso mejor), pero puede acarrear nuevos problemas entre el Ejecutivo y sus socios parlamentarios, sobre todo nacionalistas, que reclaman mayores inversiones. Estos Presupuestos serán los primeros en que por ley, y ante la bonanza económica actual, las Administraciones central y autonómicas deberán cerrar con saldo positivo pero, al mismo tiempo, pueden ser los últimos que el vicepresidente económico elabore en la Administración -él mismo ha reconocido en privado que, aunque el PSOE repitiera victoria en las elecciones generales, se tendría que meditar su continuidad-. Por este motivo, se los plantea como un doble reto. Por un lado, tratará de atenuar al máximo las presiones de sus aliados en el Congreso, sobre todo las de los nacionalistas catalanes. Son conocidas las quejas reiteradas de CiU y ERC sobre el presunto cumplimiento de la parte del nuevo estatuto de autonomía referida al reparto de inversiones. Negociaciones Por el otro, Solbes aún recuerda el mal trago que tuvo que pasar en 1995, precisamente ante el último año de una legislatura (entonces, la postrera de Felipe González), cuando su proyecto de Presupuestos para 1996 fue rechazado por falta de apoyo parlamentario y tuvieron que prorrogarse los del ejercicio anterior. En principio, aquel horizonte parece descartado por las buenas relaciones formales del PSOE con casi todos los partidos salvo el PP, pero la tensión electoral (a finales de mes se celebran los comicios autonómicos y municipales, y en apenas un año los generales) puede hacer que muchos de los otrora socios fieles (como Coalición Canaria, ERC e incluso IU-ICV) consideren que ha llegado «la hora final» de lograr las últimos réditos de esta Administración. El martes pasado, se iniciaron los primeros contactos informales sobre las cuentas públicas y curiosamente fue con CiU, partido al que el Gobierno pretende acercarse de nuevo (tras el distanciamiento generado por la reedición del nuevo tripartito catalán de izquierdas) para mantener abiertas hasta el final todas las alianzas posibles. No será fácil, sin embargo, ya que la aprobación de los nuevos estatutos de autonomía ha incrementado de forma notable las exigencias de cada comunidad a la hora de recibir fondos del Estado, hasta el punto de que el propio Solbes llegó a calificarlos como un «sudoku presupuestario de difícil solución». Con las cuentas conocidas hasta el momento, los porcentajes de inversión total que reclaman las autonomías superan en 13 puntos el teórico 100% disponible para este fin en los Presupuestos que, a su vez, habrán de tener en cuenta que con el nuevo marco comunitario España sufrirá desde este año una drástica reducción en los fondos europeos que recibe. Las prioridades de gasto volverán a ser las mismas que en el 2007: productividad y políticas de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación), infraestructuras, inversiones sociales (inmigración y dependencia) y ayuda oficial al desarrollo.