Diario de León
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El PP llevó ayer ante la justicia los presuntos manejos del Gobierno en relación a la última OPA lanzada sobre Endesa, otrora primera eléctrica española. Lo hizo a través de una denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción que, según las fuentes consultadas, abrirá diligencias informativas para determinar si existen indicios de delito en los hechos notificados por los 'populares' que, en lo básico, se resumen en las supuestas «presiones» que la oficina económica de La Moncloa habría realizado a favor de la oferta de compra realizada por la italiana Enel y Acciona. No obstante, la investigación preliminar de esta denuncia podría alargarse más de lo previsto, ya que semanas atrás el fiscal general del Estado, Candido Conde-Pumpido, instruyó a los responsables de las distintas Fiscalías del país para que durante el período electoral (y también las fechas próximas al mismo) evitaran que sus actuaciones puedan interferir en el proceso, al igual que hace el Tribunal Supremo. Por este motivo, la dinámica más frecuente es no tomar decisiones sobre los casos en que existan intereses políticos (salvo que se requieran actuaciones de urgencia, por ejemplo, porque haya personas en prisión) hasta después de que se cierren las urnas. Con este panorama, las pruebas que el órgano anticorrupción puedan practicar respecto al escrito del PP -al menos, las que requieran declaraciones de testigos o posibles imputados-, se demorarían hasta junio. Lo normal, de acuerdo con las mismas fuentes, es que se cite a las personas a las que se acusa de algún delito, en este caso el vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos Arenillas, y los dos últimos directores de la oficina económica del presidente del Gobierno, Miguel Sebastián y David Taguas. En la denuncia se considera que »podrían ser responsables« de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. Conthe, la base También cabría la posibilidad, sin embargo, de archivar las diligencias tras unas pocas comprobaciones si se determina que de los hechos denunciados no se derivan responsabilidades penales. El PP, en un escrito que firma su portavoz en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, apoya sus acusaciones tanto en informaciones aparecidas en medios de comunicación en los últimos días como en la comparecencia que el martes pasado realizó en la Cámara Baja el presidente de la CNMV, Manuel Conthe. De las primeras, dice que se ha publicado que Arenillas «aceptó dadivas» del presidente de una agencia de valores, en forma de cena para dos personas, a cambio supuestamente de que contratara al hermano de dicho alto cargo y le ayudara en un expediente pendiente de resolución. Sobre Conthe, recuerda que en el Congreso declaró que la CNMV, tras advertir primero a Enel y Acciona sobre su comportamiento irregular, «actuó luego como un tigre de papel y se arrugó», y que uno de sus consejeros (la directora general del Tesoro) evidenció un «potencial conflicto» entre el deseo aparente del Gobierno de que no prosperara la opa de E.On (anterior) y la obligación de la Comisión de tutelar los derechos de la eléctrica alemana. Asimismo, añade que el ex presidente del órgano regulador criticó los estrechos vínculos de amistad de Arenillas con los dos últimos jefes de la oficina económica de Moncloa.

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