El negocio no legal del juego por Internet ya iguala al de la quiniela

El juego que más rápidamente crece en España es ilegal. O alegal, depende de quien lo cuente. Son las apuestas por Internet, que mueven más de quinientos millones de euros al año. Tanto como las quinielas. De ese dinero, el Estado no ve ni un duro. En el 2006 los españoles apostaron 413 millones de euros on line y las proyecciones para cuando finalice el 2007 apuntan a casi 600. Pero lo más importante no son las cifras absolutas, sino la velocidad a la que crecen. La del 2006 supone un aumento del 65% respecto al 2005. Y para el 2007 se prevé un 40% de alza. Todo, cifras proporcionadas por Aedapi, la asociación que defiende los intereses de las empresas que ofertan apuestas por Internet, todas situadas fuera de España, buena parte en «paraísos fiscales». Las de juego tradicional están preocupadas. Los más beligerantes son los empresarios de máquinas recreativas, agrupados en Femara, que han denunciado la situación ante el Defensor del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior, Loterías y Apuestas del Estado, las Comunidades Autónomas y los Grupos Parlamentarios. Todo, hasta el momento, sin fruto. Y no lo entienden. Ellos, sujetos a una prolija reglamentación, se sienten discriminados y perjudicados económicamente. «El dinero destinado a juegos de los usuarios es limitado. Si se lo gastan en apuestas, no lo hacen en juegos legales», argumenta Miguel Ángel García Campos, secretario general de Femara: «Los ministerios nos envían de un organismo a otro, nos dicen que no son competentes, que lo son las Comunidades Autónomas. Excusas. Sorprende que, mientras a los empresarios del juego legal, sujeto a 30 autorizaciones administrativas, se les sanciona si una máquina tiene un cartel con dos centímetros más alto de lo reglamentado, a estos ilegales no se les hace nada». «Colocar una máquina en un bar supone a la Comunidad Autónoma 3.600 euros al año. En conjunto, las máquinas recreativas pagan casi mil millones de euros al año, y éstos no pagan nada», dice. Su esperanza es que a la batalla se sume el propio Ministerio de Hacienda a través de la entidad estatal Loterías y Apuestas del Estado: «Ahora que el Estado sufre directamente la competencia tendrán que espabilarse». Pero Loterías cree que, de momento, las apuestas por Internet le hacen poco daño, aunque la amenaza futura es importante por la generalización en el uso de Internet, según su asesor jurídico, Juan Gallardo. Tampoco está de acuerdo en esa acusación de pasividad. Ellos han elaborado un informe que han remitido a la Dirección General de Aduanas para que estudie sanciones administrativas y, en su momento, lo pase a la Fiscalía, para que inicie un procedimiento penal, por delito de contrabando. Es, sin embargo, un asunto difícil, dice Gallardo, porque «se trata de empresas que no tienen la sede social en España. Si lo tuvieran, se actuaría sobre ellas y se acabó el problema. Pero si están en Austria o en Malta o en las Islas Caimán no es tan fácil». Femara no está de acuerdo. Se trata de aplicar la normativa actual. «La Fiscalía tiene emitida una circular sobre cómo tienen que actuar los fiscales sobre los juegos y apuestas ilegales. Pues que la apliquen», dice García Campos. Hay acuerdo en que el instrumento legal, a falta de una regulación específica en torno a las apuestas por Internet, es la Ley de Represión del Contrabando, que prohíbe la comercialización e importación de juegos no autorizados.