En España hay un millón de casas alquiladas sin declarar a Hacienda

La lucha contra el fraude en el sector inmobiliario tiene en el arrendamiento de viviendas casi su principal talón de Aquiles , no ya por el volumen de dinero que puede ocultarse a la intervención de Hacienda -menor, en todo caso, que en los engaños que se dan en las operaciones de compra-venta-, sino por la facilidad con que se cometen irregularidades. Los últimos datos disponibles apuntan que en España hay casi un millón de alquileres sin declarar al fisco -en concreto, 977.306, según el Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública (Gestha)-, lo que supone que seis de cada diez arrendamientos (el 60,5%) quedan fuera del control de la administración tributaria. La bolsa de fraude que se genera en este ámbito, a través de las rentas sumergidas derivadas del alquiler de vivienda, se aproxima a los 1.818 millones de euros anuales, y eso sin contar las operaciones relativas a garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles similares. Los arrendamientos donde se suelen producir más irregularidades son los de temporada, es decir, aquellos situados en localidades costeras y ligados sobre todo a la demanda turística. También tienen especial relevancia, por su número creciente, los alquileres protagonizados por los sectores económicos menos favorecidos, como los inmigrantes y los estudiantes. La demanda de segundas residencias o de fines de semana cerraría esta clasificación. Los técnicos de Hacienda han cruzado los datos de las declaraciones del impuesto de la renta (IRPF) y el censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que les ha permitido desmenuzar los datos a nivel territorial. Así, en poco más de una tercera parte de las autonomías (si incluimos las ciudades de Ceuta y Melilla) se concentra el 82% del fraude en esta actividad. Cataluña, con 542,6 millones de euros ocultados al fisco, encabeza la lista, seguida de Madrid (325,7 millones), Andalucía (278,2 millones), Canarias (144,1 millones), Comunidad Valenciana (111,8 millones) y Baleares (96,4 millones). Por el contrario, el volumen más bajo de rentas no comunicadas a Hacienda en relación al alquiler de casas se encuentra en La Rioja (5,6 millones), Ceuta (8,3 millones), Melilla (10,5 millones), Cantabria (12,5 millones) y Aragón (18,9 millones). Los ingresos medios más altos por contribuyente y vivienda (según los datos del IRPF del 2004, los últimos oficiales) se registran, además de en las dos ciudades autónomas (con unos 2.570 euros), en Baleares (2.370,7 euros), Canarias (2.222 euros), Madrid (2.194,7 euros) y Cataluña (2.179,8 euros), mientras que los más bajos aparecen en Extremadura (1.144,5 euros) y Asturias (1.240,6 euros), junto a Castilla y León (1.283,6 euros). Extremadura, la más «legal» Los propietarios de casas residentes en Extremadura son los que más defraudan a Hacienda; en concreto, casi en ocho de cada diez casos (78%). Muy cerca de ellos aparecen los de Murcia (76,7%) y Andalucía (75,3%), seguidos de quienes tienen su domicilio fiscal en Canarias (69,8%) y Baleares (66,7%). Por el contrario, en Aragón apenas una tercera parte (32,2%) de los dueños de viviendas ocultan al fisco los ingresos obtenidos con su alquiler. Otra media docena de territorios se encuentra por debajo de la media nacional, desde el 49,8% que se registra en La Rioja al 58,7% de Cantabria. Resulta llamativo que en la declaración del IRPF apenas se consignen una tercera parte de las viviendas que, según el censo del INE, están alquiladas (568.832 frente a 1.614.661), de manera que los ingresos que el fisco ingresa por este concepto (1.036 millones) son bastante inferiores a los que pierde por falta de control. Desde Gestha se recomienda mejorar, entre otros aspectos, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la de Arrendamientos Urbanos para reforzar las garantías de los propietarios de casas. Además, proponen habilitar a los 8.000 técnicos de Hacienda para asumir mayores responsabilidades, lo que -según ellos- permitiría reducir casi a la mitad la bolsa de fraude en España (tanto en impuestos como a la Seguridad Social) en España, que superaría el 23% del PIB, es decir, unos 240.000 millones de euros.